Un 30 por ciento de los nicaragüenses, o sea, tres de cada diez personas, aceptó haber pagado sobornos a algún funcionario de una institución pública en los últimos 12 meses, señala un estudio del organismo Transparencia Internacional. Mientras un 52 por ciento consideró que el nivel de corrupción ha aumentado en el país.
El estudio titulado Las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe fue publicado este lunes en Berlín, por Transparencia Internacional.
La pregunta clave
La pregunta realizada a quienes abordaron fue: ¿con qué frecuencia pagó un soborno, dio un regalo o proporcionó un favor a un maestro o funcionario de la escuela; un trabajador de la Salud o clínica u hospital; un funcionario del gobierno para obtener un documento; un oficial del gobierno para recibir servicios (públicos), un oficial de Policía o un juez o funcionario de la Corte?”.
En el caso de Nicaragua el porcentaje fue del 30 por ciento.
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El estudio está basado en una encuesta sobre percepciones y experiencias de corrupción, realizada por Latinobarómetro en 20 países de la región. Nicaragua fue uno de estos con un trabajo de campo realizado a
finales de mayo y mediados de junio del año pasado y la muestra fue realizada entre mil personas mayores de 18 años.
El estudio señala que el soborno es una experiencia demasiado común para muchas personas en la región que necesitan acceder a los servicios básicos.
Servicios por los que la gente pagó alguna coima
El estudio estima que más de 90 millones de personas de estos 20 países tuvieron que pagar un soborno en los 12 meses anteriores a la encuesta, equivalente a casi uno de cada tres personas que accedieron a los servicios básicos como Salud y Educación, que a su vez fueron los servicios más afectados por el soborno.
El estudio también mostró que de esto no escaparon jóvenes y personas adultas, así como ricos y pobres, por tanto, cualquier persona está en riesgo de tener que pagar un soborno.
En Salud y Educación
El informe destaca que en general la tasa de soborno más alto fue en el caso de los servicios de salud pública, donde uno de cada cinco (20 por ciento) de las personas que buscó atención médica en los 12 meses anteriores, había pagado un soborno para obtener la atención que necesitaba.
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La educación pública también se vio afectada por el soborno, con casi una de cada cinco personas que entró en contacto con las escuelas públicas en los 12 meses anteriores pagando sobornos para acceder a los servicios de Educación (18 por ciento).
De esa forma cada uno de los 20 países recibió una calificación según las percepciones y experiencias de los ciudadanos, en lugar de una evaluación frente a un objetivo común de referencia.
La calificación
Y fue el resumen del resultado de cinco preguntas consideradas clave sobre corrupción que los ubicó en positivo, negativo y mediocre.
En lo que respecta a Nicaragua, a la pregunta: “¿Cambió el nivel de corrupción?” La respuesta fue “mediocre”, o sea, término intermedio.
Con este indicador (“mediocre”) fueron ubicados los países donde las personas abordadas respondieron entre un 40 por ciento y 60 por ciento que “aumentó mucho” o “aumentó algo” la corrupción.
La otra pregunta para Nicaragua fue: “¿Cómo está manejando el Gobierno la lucha contra la corrupción? Y la respuesta fue similar a la de la pregunta anterior, “mediocre”.
En este caso el nivel fue otorgado basado en el porcentaje de encuestados que dijeron que su gobierno había realizado “muy mal” o “bastante mal” la lucha contra la corrupción. Y es que en este punto en el caso de
Nicaragua un 40 por ciento lo calificó de “mal”, contra un 47 por ciento que lo estimó “bien”.
Policía mal parada
“¿Cómo se percibe la corrupción de la Policía?”, fue la tercera pregunta realizada y que en el caso de Nicaragua la respuesta fue “negativa”.
Este es el nivel en que ubicaron a los países donde el 40 por ciento o más de los encuestados dijo que “la mayoría” o “toda” la Policía era corrupta.
Además, Nicaragua queda mal parada al ser ubicada en el nivel en el cual los encuestados reconocieron que al menos había pagado soborno en alguno de los seis servicios que le enumeraron.
Y ahí se ubica a los países donde un 30 por ciento o más dijo que pagaron un soborno. La pregunta que les hicieron fue: “¿Ha pagado un soborno?” La respuesta fue “negativa” y el estudio explica que las puntuaciones se basaron en el porcentaje de personas que dijo que pagó un soborno a por lo menos uno de los siguientes servicios públicos en los 12 meses previos a la encuesta: atención médica pública, escuelas públicas (ya sea vocacionales, primaria y secundaria), documentos oficiales, beneficios de desempleado, otro beneficios de Seguro Social, la Policía o los tribunales.
Y en el único en el que la respuesta de Nicaragua fue “positiva” está relacionada con la pregunta de si “la gente común puede marcar la diferencia”.
Es de destacar que entre los países de Centroamérica, Nicaragua aparece ubicada en el estudio en los mismos niveles de El Salvador y Honduras.
El estudio destacaba que en los últimos años se han observado tendencias preocupantes en América Latina y el Caribe, incluida la erosión de los derechos humanos y el debilitamiento de las estructuras de Gobierno.
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Y apunta cómo muchos países experimentan los daños causados por la delincuencia violenta y la inseguridad, así como la represión de la libre expresión de activistas, periodistas y sociedad civil
Los abusos son exacerbados y a veces solo se hacen posible por la corrupción, lo que socava la justicia, debilita el imperio de la Ley, distorsiona los procesos y permite a los políticos actuar con impunidad.
Reducir corrupción
De las personas que denunciaron haber conocido algún tipo de sobornos “muchos habían sufrido repercusiones como resultado y pocos habían visto a las autoridades tomar medidas contra los autores”, dice Transparencia Internacional, que llamó a los gobiernos de la región “a reducir la corrupción en la Policía y fortalecer los sistemas judiciales”, para que las investigaciones sobre denuncias de corrupción puedan prosperar y sean aplicados los mecanismos de protección para quienes presentan una queja.
Más negativo que positivo
El estudio de Transparencia Internacional señala que al hacer un balance de lo que fueron las respuestas de los encuestados, en un puntaje de cero a cien, solo veinte fueron positivos mientras que 33 mediocre y 47 negativos.
No obstante, resalta que a pesar de esta corrupción en la región, muchos ciudadanos están dispuestos a unirse a la lucha contra la corrupción.
Y plantea que la lucha contra la corrupción y su entusiasmo debe ser la prioridad de los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para combatir la corrupción.
Y menciona la necesidad de un sistema judicial sólido, limpio y transparente para poder luchar contra este mal. Para ello, apunta, los funcionarios que incurran en cualquier delito deben ser castigados.
De lo contrario consideran que los ciudadanos se desilusionarán aún más con el sistema de gobernanza en su país.
Agrega que una gran mayoría de los ciudadanos dijo que tenían la esperanza de jugar un papel importante en la lucha contra el cambio.
Así recuerda que siete de cada diez (70 por ciento) personas coincidieron en que la gente común podría hacer la diferencia; comparado con apenas 17 por ciento que no estaba de acuerdo.
Los ciudadanos de Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Paraguay están entre los que hablaron sobre la importancia de la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción.
