Miembros de la Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (Alianza PI&A), recurrieron por inconstitucionalidad contra el decreto 15-2017, de impacto ambiental emitido por el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, por considerar que viola los derechos constitucionales, individuales y colectivos de las comunidades indígenas y afro descendientes a las que pertenecen.
A través de un comunicado, la alianza denuncia que con el decreto para la actualización del sistema de evaluación ambiental de permisos y autorizaciones, el Gobierno más bien deroga el “sistema de evaluación ambiental” vigente en el país desde el año 2006.
Consideran que al facultar al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), poder dictar resoluciones y “dar trámite de urgencia”; lo que significa una tremenda carga de discrecionalidad para esa institución.
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La alianza considera que con los trámites de urgencia reducirá considerablemente la posibilidad de análisis, desvirtuando el papel de las evaluaciones .
“La Alianza PI&A reafirma el vínculo entre la cultura y el medio ambiente que todos los pueblos indígenas comparten por medio de una relación espiritual, cultural y económica con sus tierras tradicionales”, indica el comunicado.
Con el decreto aseguran los indígenas y afrodescendientes , el Gobierno violó la obligación estatal de “adoptar un marco normativo adecuado y efectivo” así como el de “garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información”.
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Al tiempo que critican que el interés de controlar los recursos naturales ha provocado un profundo déficit de las normas internacionales de protección de los derechos humanos.
18 son los miembros que recurrieron por inconstitucionalidad en contra del decreto 15-2017 de impacto ambiental, emitido por el presidente inconstitucional Daniel Ortega.