La misión que la OEA ha enviado a Nicaragua para “acompañar” las próximas elecciones municipales deberá tener presente que, según el acuerdo firmado el 28 de febrero pasado entre la Secretaría General de la OEA y el Consejo Supremo Electoral (CSE), “por el término acompañamiento” se entiende “observación electoral, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico de la OEA, incluyendo la Carta Democrática Interamericana”.
Por lo tanto la Misión, aunque tardía y limitada, deberá cumplir cabalmente con lo que estipula el artículo 24 de la Carta antes mencionada y que literalmente dice: “Las misiones de observación electoral se realizarán con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se les dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada”.
La transparencia que prescribe la Carta obliga a la OEA a informar al pueblo nicaragüense sobre el origen de los fondos con los que la Secretaría General está financiando la misión.
Los integrantes de la misión deben saber que como presidente de la misma figura una persona que en Nicaragua se conocen muy bien sus antecedentes en asuntos electorales de este país. El magistrado uruguayo Wilfredo Penco vino a Nicaragua para observar las elecciones municipales de 2008 en su calidad de miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), organismo promovido por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En esas elecciones se cometió el fraude electoral mejor documentado de nuestra historia, principalmente en la elección del alcalde de Managua. Pero, el doctor Penco las calificó de limpias y aseguró que no existió fraude alguno y que la denuncia de la oposición democrática no era más que un “fraude mediático”.
Para las elecciones presidenciales del 2011, la OEA envió una misión de observación que, en su informe final, cuestionó la credibilidad del actual CSE y mencionó una serie de irregularidades y anomalías que pudieron constatar, pese a que en algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) “les taparon el radar”.
En cambio, los “acompañantes” del Ceela, entre ellos el doctor Penco, elogió al CSE y calificó el proceso electoral como transparente.
Finalmente, para la farsa electoral del 2016, regresó el magistrado Penco como “especialista en asuntos electorales”, con gastos pagados por el CSE, y vio a la ciudadanía votando gracias a las “facilidades que el propio proceso le va dando para que en el acto electoral pueda ejercer con libertad y seguridad su expresión ciudadana”. Se estima que en ese proceso al menos el 70 por ciento del electorado se abstuvo de participar, por la forma tan burda como se había preparado el fraude electoral.
Además, la misión debe estar consciente que llega a la etapa final de un proceso que se inició varios meses atrás. El llamado grupo móvil, de cinco personas vino al país el día 8, a escasos 25 días antes de las elecciones, y el grueso de la misión, los 24 observadores internacionales, hasta el primero de noviembre, es decir, tres días antes de las votaciones.
En tan poco tiempo tendrán que enterarse que el proceso electoral está siendo dirigido y administrado por el mismo CSE responsable de varios fraudes anteriores, que todas las instancias del poder electoral están controladas por el FSLN, que varios partidos de oposición han sido excluidos arbitrariamente del proceso, que se han dado casos de manipulación de las cédulas electorales, que cualquier ciudadano pueda votar en cualquier JRV con solo presentar su cédula de identidad, aunque no aparezca en el padrón electoral de esa junta, que no se ha acreditado al principal organismo de observación nacional, que es Panorama Electoral y que se cancelaron más de mil quinientos juntas, lo que puede generar el problema del llamado “ratón loco”, o bien para que no se note la gran abstención electoral que se prevé, por la falta de confianza de los electores en el sistema electoral.
Esta es la problemática que la misión tendrá que enfrentar en los pocos días de su trabajo de observación. ¿Será su presencia suficiente garantía para unas elecciones justas y transparentes, como las que exige la Carta Democrática Interamericana?
Está por verse.
El autor es jurista y catedrático.