Quienes se enteraron del lenguaje grosero que usó el diputado oficialista Mario Valle, al hablar el martes pasado con la periodista de LA PRENSA, Lucía Navas, no podían salir de su asombro.
¿Cómo es posible que un hombre, servidor público y representante de un poder del Estado, se exhiba públicamente con un tratamiento de esa clase a una mujer periodista, de figura fina pero con mucha fortaleza profesional e integridad moral, como se la demostró Lucía Navas al irascible legislador orteguista, con entereza, sin perturbarse ni rebajarse al nivel de su prepotente interlocutor?
“¿Usted es agente de la CIA?”, acusó el diputado oficialista a la periodista de LA PRENSA. “¿Cuánto le paga la Embajada?”, agregó, refiriéndose obviamente a la Embajada de los Estados Unidos en Managua. “Si fuera un hombre le estaría dando una respuesta distinta y más contundente”, siguió vociferando el legislador orteguista, quien terminó enviando una amenaza contra el editor general de LA PRENSA, Eduardo Enríquez, de quien dijo, sin aclarar por qué razón, que es su vecino.
El motivo del desafuero del diputado orteguista fue la pregunta que le hiciera la periodista Navas, de por qué en la reforma del Presupuesto General de la República aprobada por la Asamblea Nacional se asignó una partida de 300 mil córdobas a la Universidad de Managua, una empresa privada de educación superior de la que el diputado Valle es presidente de la junta directiva y su esposa es rectora.
La pregunta es pertinente y la periodista la formuló en cumplimiento de su trabajo y ejercicio de su derecho, porque él es un funcionario público, esa universidad tiene fines de lucro y no hay razón para que reciba financiamiento estatal de ninguna clase. Y si hubiese algún motivo especial por el cual según los diputados amerita asignarle una asignación presupuestaria, los nicaragüenses que financian el Presupuesto General de la República con sus impuestos tienen derecho de saberlo, y los periodistas de preguntarlo.
Este caso se puede enfocar desde varios ángulos de legítimo interés público. Primero, que la asignación presupuestaria a esa universidad privada es ilegal. Segundo que también hay un aparente conflicto de intereses o tráfico de influencia que el mismo diputado o las autoridades públicas correspondientes deberían aclarar. Tercero, que una periodista en el desempeño de su labor ha sido intimidada por alguien que está revestido de poder estatal. Y cuarto, que la actitud del diputado de marras ha sido otra flagrante violación de la libertad de prensa.
El 24 de marzo del corriente año, en el editorial titulado LA PRENSA en la mira, expresamos que “en Nicaragua actualmente no se mata físicamente a periodistas y tampoco hay una censura de prensa oficial”, pero que “ahora se utiliza el sistema ‘refinado’ y más bien perverso de atacar la credibilidad de los medios independientes”.
A eso se debe agregar que los gobernantes han cerrado los accesos a toda información de interés público, así como las actitudes hostiles e inclusive agresivas de funcionarios públicos en contra de periodistas independientes. Tal ha sido el caso de la grosera intimidación a Lucía Navas de parte del diputado oficialista Mario Valle, un acto vergonzoso para él pero honroso para la periodista que lo encaró con la debida ética profesional y dignidad personal.
