Una cadena de abusos denunciados tras una serie de invasiones a una propiedad privada, que incluye una reserva natural en Matiguás, Matagalpa, ha sido ignorada por autoridades locales, dijo su propietaria, Belma Rojas. Al despale causado por la ocupación hace tres años, que ha puesto en riesgo la reserva natural, Rojas agregó la incursión reciente de hombres armados que los han intimidado.
Policía y Procuraduría no atienden caso
Rojas, dueña de la finca Santo Domingo, ubicada en la comunidad Quirragua Arriba, en Matiguás, ha denunciado el caso ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como ante Asuntos Internos de la Policía Nacional y ante la jefa de facto de esa institución, primera comisionada Aminta Granera, con copia al subdirector, comisionado general Francisco Díaz.
El 3 de octubre pasado, Rojas le remitió correspondencia a Granera y al procurador general de la República, Hernán Estrada, cuyas copias están en poder de LA PRENSA, a través de la cual solicita una reunión de manera urgente para exponer su caso, pues teme “que pueda darse una situación sangrienta hacia nosotros, ya que nos estamos enfrentando a ellos sin armas y ellos tienen armas”.
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En la carta, Rojas también le explica a las autoridades que “los tomatierras” portan escrituras de la comunidad indígena de Muy Muy, cuando su finca no está en territorios indígenas.
También expresa a Granera que “la Policía de Matagalpa no apoya a los verdaderos dueños y eso está haciendo más el problema, además están despalando el área protegida en un bosque denso y cerca de fuentes de agua”.
Hasta este viernes ni la Policía Nacional ni la PGR habían respondido a Rojas. LA PRENSA consultó a las oficinas de Comunicación de ambas instituciones, pero tampoco respondieron.
Denuncian supuesto abuso policial ante CPDH
El caso que lleva varios años fue denunciado también en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), donde Rojas manifestó que las invasiones a su finca no solo han provocado el despale, sino que hace seis meses la Policía propinó una golpiza a su hijo, que permanece en la propiedad, bajo el pretexto de que buscaban armas en el lugar.
El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, conoció que “los tomatierras”, denunciaron al hijo de Rojas y en este caso sí prosperó la denuncia, lo que le hace sospechar tráfico de influencia.
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“La Policía está haciendo la peor parte porque la Policía golpeó a mi hijo, la Policía los favorece a ellos (a los tomatierras), todo lo que yo tengo no es válido para la Policía”, señala Rojas, quien afirmó que en una ocasión uno de los jefes policiales de Matagalpa le llegó a gritar: “¡Váyase a quejar adonde usted quiera!”.
Rojas aseguró que pese a este antecedente, en su momento ella buscó a la Policía pidiendo un “amparito”, pero más bien esa institución se inclinó a favor de otras personas que han aparecido con otras escrituras.
Aparecen otros dueños
Una de esas personas dice tener una escritura de 2,000 manzanas de tierra “y la Policía le dijo que se podía ir a meter ahí”, criticó Cuevas, quien consideró absurdo que “la reserva con el beneplácito de las autoridades esté siendo invadida”.
“¿Cómo creés que la Policía va a decirle a la gente sí, pueden estar ahí, siendo que hay una reserva y siendo que esa gente tiene vicios de ilegalidad?”, preguntó Cuevas, quien alegó que las autoridades locales conocen muy bien el caso, pues la perjudicada les ha presentado copia de sus documentos.
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Rojas presentó un recurso de revisión a la decisión de la Policía, a la cual le presentó sus documentos, pero esa institución los desconoció y más bien “ha dado cabida para que esta gente se meta, les están abriendo las puertas”, sostuvo la afectada.
¿Quién detrás de invasión?
Belma Rojas cuenta con documentación extendida por una comisión interinstitucional que verificó hace un año el despale realizado por alguien de apellido Leiva en al menos cinco manzanas de tierra de 45 ocupadas, en la parte protegida. Y aunque hubo recomendaciones a las autoridades que debían adoptar medidas administrativas, no se hizo. En el área densa del bosque y cercana a fuentes de agua, habían sido tumbados unos seis mil árboles de diferentes especies, para ser sustituidos por café y cacao.
Según Rojas, Leiva dice contar con una escritura como si la tierra fuese propiedad de la comunidad indígena, hicieron un mapa catastral, con sello de la Alcaldía de Matiguás, pero en el mismo no firmó el funcionario, solo estaba el sello. Ante el reclamo de la afectada, “resultó que una funcionaria sin la autorización había puesto el sello”, explicó Pablo Cuevas, quien sospecha que “sea testaferra”, pues pese a que no cumplía con el requisito del Registro de la Propiedad de Matagalpa, lo aceptó como válido.
Fiscalía desestimó
Una constancia de la Alcaldía de Matiguás aclara que el sello que aparece en el mapa catastral de una de las personas que se adueñó en parte de la finca de Belma Rojas, no fue extendido por la comuna, pero la Fiscalía aun así desestimó ejercer la acción penal y se negaba a extenderle copia del expediente para que esta pudiera acusar de forma particular. Cuando Rojas acusó lo hizo por varios delitos, pero la titular del Juzgado Local de Matiguás se excusó de instruir la causa, porque ya conoció otro caso vinculado a este, pero desde hace tres meses no nombran juez suplente para que continúe.
3 años tiene una de las últimas invasiones de tierras denunciada por Belma Rojas a su propiedad y que le ha llevado a recorrer distintas instituciones del Estado sin que la hayan escuchado.
