A casi cuatro meses de ocurrido el crimen contra Marcio Antonio García Joya, en la comunidad fronteriza de Avión Quemado, Plis, Jinotega, por supuestos miembros del Ejército de Nicaragua, no existe certeza de que el mismo haya sido investigado. Más bien la viuda Cora López y quienes le acompañaron a reclamar las seis cabezas de ganado que se llevaron los militares, fueron mandados a callar.
Y aunque en Managua el Ejército guardó silencio a las consultas de LA PRENSA, pocos días después de la muerte de García Joya, López sostuvo que acompañada de cinco líderes comunales y dos mujeres más, fueron a la base militar en Plis, donde un militar que le dijo era nuevo a cargo del puesto, reconoció que la tropa se había llevado el ganado tres días antes, y le aconsejó que fuera a Wiwilí.
El jefe del puesto militar en Wiwilí, le ordenó a la viuda y a su padre, José Efraín López Valladares que guardara silencio. También grabó la conversación, les tomaron fotografías y les quitó los documentos. “Podes caer preso, vos y ella”, les habría señalado el militar. Ambos confirman que a la viuda habría dicho: “Si yo fuera de mal corazón, yo marco (teléfono) a Jinotega y sólo vienen a traerte. Mejor te aconsejo que te vayas a buscar el camión y te vayas a tu casa”.
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas y el consultor independiente en temas de seguridad, Roberto Orozco, coinciden en asegurar que este caso demuestra que en el país, sí hay ejecuciones, pese a que la Constitución Política prohíba la pena de muerte.
Cuevas dijo que han conocido casos similares los que han sido el resultado de operativos policiales o militares y que esa organización ha documentado. Lo más grave, según Cuevas, es el hecho de que pese a las denuncias “aquí no pasa nada”.
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“El problema es que hay un ambiente de impunidad total, pero la impunidad se aumenta cuando hay vínculos de órganos de seguridad involucrados en el asesinato”, señaló Orozco quien criticó que “el Estado ha otorgado a las instituciones de seguridad licencia para matar, cuando consideran que hay amenazas”.
¿Buscaban a grupos armados?
Cuatro días antes que irrumpiera el grupo de veinte militares a la casa de Marcio García, unos jóvenes les habían comentado que por el río habían visto tropas del Ejército de Nicaragua.
Y el rumor en la comunidad fue que las tropas gubernamentales estaban detrás de “unos comandos” y que en el río habían agarrado a otro vecino del sector, llamado Mincho, a quien habrían desnudado y torturado. Los vecinos alegan que García no tenía deudas pendientes con la justicia.
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“El finado (Marcio García) no tenía nada pendiente con nadie, y estaba limpiando potreros para los animales. También para el día que lo mataron había contratado cuatro personas para hacer una milpa”, recuerda su viuda Cora López. En la finca producían frijoles, maíz, millón, sorgo y arroz.
“Marcio Antonio solo se ausentaba de la casa cuando iba ganar salarios en los cortes de café, en Trojes, Honduras”, aseguró López.
