El congresista republicano Tom Marino, nominado del presidente Donald Trump para ser el zar antidrogas, retiró su candidatura este martes, tras una investigación que revela su relación con la industria de los opioides.
La decisión de Marino, candidato para dirigir la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca llega tras una investigación del diario The Washington Post y el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que reveló, entre otras cosas, que Marino recibió casi 100,000 dólares de empresas farmacéuticas mientras trabajaba en un proyecto de ley en el Congreso que debilitó la capacidad de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de EE.UU., para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos.
Donald Trump anunció la retirada de Marino en su cuenta de Twitter y dijo de él que es “un buen hombre” y “un gran congresista”. Al ser preguntado este lunes durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca por esa investigación, Trump dijo que iba a “revisar” el asunto, sin descartar la retirada de la nominación.
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La adicción a los opiáceos en EE.UU., donde una media de 91 personas mueren al día por ese problema, se ha convertido en una verdadera crisis y Trump prevé declarar que la situación se ha elevado a “emergencia nacional” la próxima semana. Ya en agosto pasado, Trump calificó la crisis de “emergencia nacional” y adelantó que pensaba emitir una declaración al respecto.
EE.UU revisará leyes sobre drogas
Tras la dimisión de Marino, el Gobierno de Estados Unidos afirmó este martes que podría revisar las leyes sobre drogas, después de que el nominado a dirigir la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, el legislador republicano Tom Marino, retirara su candidatura, acusado de medrar a favor de la industria farmacéutica.
En una rueda de prensa, el vicefiscal general de EE.UU., Rod Rosenstein, dijo este martes que, si es necesario, se revisará la conocida como “Ley Marino”, en referencia a la legislación presentada por el excandidato del presidente Donald Trump, que fue aprobada por el Congreso.
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“Tenemos que ver qué herramientas tiene la DEA y si comprobamos que no tiene las suficientes les proveeremos con más”, indicó Rosenstein, quien, sin embargo, eludió señalar a la industria farmacéutica como principal responsable de la crisis por el abuso de drogas que sufre el país y que se cobró la vida de casi 60,000 estadounidenses en 2016.
“Si miras las estadísticas, se ve que el aumento de las muertes por sobredosis se debe a la distribución de fentanol desde China y no a los opiáceos producidos por la industria farmacéutica”, señaló el funcionario, queriendo rebatir así a las numerosas asociaciones que afirman que el problema comienza con el abuso de medicamentos.
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Por su parte, el jefe interino de la DEA, Robert Patterson, reconoció que el reportaje que le costó la candidatura a Marino, ha puesto de manifiesto algunos puntos que preocupan en la Agencia. Patterson reconoció que la legislación “ha complicado” la labor de la agencia antidroga, pero rechazó que le haya impedido llevar a cabo su trabajo.