La viceministra de Relaciones Exteriores, Alicia Castillo Sosa, le “recordó” este martes por medio de una carta al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el abogado colombiano Iván Velásquez, que se abstenga de “inmiscuirse en asuntos internos” del país.
En la misiva, la vicecanciller le notifica a Velásquez que el Gobierno “ha accedido” a mantener la vigencia de su visa “a solicitud” del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, “de cara al diálogo” que llevan a cabo para “resolver las actuales preocupaciones” del Gobierno respecto a su actuar.
“Debo recordarle que los privilegios e inmunidades de (los) que ha gozado en el país (…) no le eximen de la obligación de respetar la Constitución” y “las leyes del Estado”, advierte la carta, que se produce después de que el presidente, Jimmy Morales, intentara expulsar al colombiano de Guatemala en agosto.
Lea además: Revocan visa del jefe de la Cicig en Guatemala
El pasado 2 de octubre, el Gobierno de Guatemala validó la renovación del documento, sin embargo, una semana más tarde, mientras el comisionado presentaba el décimo informe de trabajo de la CICIG en el país, le fue notificada la revocatoria de su visado alegando supuestos motivos de forma.
Aunque nadie estableció una relación con el intento de expulsarlo del país, Velásquez mostró su confianza en que este proceso se solventara y esta mañana le fue notificado de que se había cumplido con los trámites oportunos y que, por ende, se le había concedido de nuevo esta visa, la cual expiraba mañana, miércoles.
En la carta se dice que la renovación del documento se realiza en aras “del diálogo que se ha emprendido” entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para solucionar la controversia, como lo establece el acuerdo de creación del año 2007.
Pude leer: Congreso de Guatemala vuelve a proteger al presidente Jimmy Morales
Cuando el presidente Morales, el 27 de agosto, declaró “non grato” al comisionado colombiano, el Constitucional lo amparó al decretar la declaratoria como “ilegal”. La CICIG dijo que no se posicionará, por el momento, de la exigencia que hizo la vicecanciller.