En dos hechos violentos ocurridos en el campo de Nicaragua en menos de un mes, dejaron como resultado siete personas asesinadas, sin incluir otras muertes reportadas en operaciones militares, esto hace dudar a los especialistas de los anuncios oficiales de que hay seguridad en el campo.
Para el mayor en retiro Roberto Samcam, en el campo se vive una situación de zozobra, pues con la persecución a los llamados grupos armados las instituciones regulares han incurrido en una serie de abusos en contra de familiares o gente vinculada de alguna manera a estos grupos.
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“La gente en el norte lo que está planteando es que están viviendo una situación excesivamente peligrosa de que llegan a catear casas, buscar gente, golpean, se han documentado casos de torturas”, dijo Samcam.
La especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra, es del criterio que la seguridad en el campo se está deteriorando por razones políticas y de conflictividad social y por razones del crimen organizado. Y los planes de seguridad en el campo no están resultando efectivos, porque en varios de los casos es el mismo Ejército el que se ha visto involucrado y señalado como autores, mientras la falta de investigaciones y falta de castigo a los responsables agrava la situación.
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“En cuanto a la violencia en el campo por razones políticas, es urgente e indispensable que se abran espacios de diálogo de parte del gobierno”, afirmó Cuadra, quien además señaló que “la violencia rural vinculada con actividades de crimen organizado requiere de planes especiales en los que se preserve la seguridad y se proteja a las poblaciones sin afectar los derechos humanos y ciudadanos de las últimas”.
Con frecuencia
Por su parte, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión menciona que estas situaciones ocurridas con cierta frecuencia denotan más bien inseguridad en el campo y dejan al descubierto la violación al derecho a la vida que quedan en total impunidad.
Carrión puso de ejemplo el múltiple crimen de tres hermanos Artola Delgadillo a fines de septiembre, en Pueblo Amado, Ayapal y el más reciente el asesinato múltiple en El Varillal, Waslala, en los que las autoridades han hablado de posibles rencillas de por medio. Y sumado el crimen de Marcio Antonio García, en la comunidad de Avión Quemado, en Jinotega, que es investigado por ese organismo, confirma que el derecho a la vida no está primando en esos lugares del campo.
El campo ha sido el más vulnerable
El mayor en retiro Roberto Samcam, alertó que los hechos denunciados “requieren una atención más fuerte por parte de las autoridades porque el campo ha sido la parte más vulnerable en los conflictos sociales”.
La seguridad en el campo está dedicada más a asegurar la cosecha del café o combatir el delito de abigeato, por ejemplo, no así la muerte de campesinos, dice por su parte Gonzalo Carrión.
Esto, según el defensor de derechos humanos “demuestra que la seguridad en el campo no es pareja”. Y esto es igual tanto en el norte como en el Caribe con las comunidades indígenas.
