“España le roba a Cataluña porque contribuye fiscalmente más que otras autonomías”. Este es uno de los argumentos separatistas. Pero, ¿cuán veraz y justo es? Cataluña adeuda ochenta mil millones de euros, 68-70 por ciento de ellos al Estado español; puede emitir bonos, pero son “bonos basura”, situación complicada por el éxodo de más de quinientas empresas catalanas (sus mayores bancos, editoriales como Planeta, etc.), recién fincadas (inicios de octubre) en otras comunidades españolas. El resto de España compra la mayor parte de las exportaciones de Cataluña: más de 44,000 millones de euros, 42 por ciento del total catalán. Otros 37,000 millones van a la Unión Europea, que no reconocerá la independencia catalana. Cataluña obtiene del comercio intraespañol superávits que en un solo año excedieron los 19,000 millones de euros. En suma, ruptura equivale a desastre, falsea el cuadro general y reniega del principio de solidaridad, recogido por el artículo 138 de la Constitución democrática vigente, que otorga a las comunidades españolas una envidiable autonomía económica, administrativa, cultural, etc. efectivamente ejercida, protegida por el título VIII constitucional.
Los separatistas invocan un referéndum —sin controles, urnas presaturadas, etc.— que atrajo a dos millones de personas entre los siete y medio que tiene Cataluña. Aquellos insisten en que sus aspiraciones son temas sociopolíticos y no constitucionales. La fuerza policial que llegó para impedir el ilegal referéndum fue agredida. Al menos treinta miembros fueron “pacíficamente” lesionados , pero los separatistas les califican de represores brutales por cumplir su deber.
Para justificar su referéndum, el separatismo menciona cotidianamente al referéndum escocés. Pero lo de Escocia es profundamente distinto: fue independiente hasta 1707, después de guerrear por su independencia desde los siglos XIII al XV, y tras sufrir pillajes de Inglaterra. Esta, finalmente, sobornó a un grupo de notables que votaron la unión con Londres. Hubo revueltas populares, pero prevaleció la corona británica. En cambio, la mayoría de los catalanes —defensores de la autonomía, pero no separatistas— siempre se sintieron como parte entrañable de la España diversa y única. Los conquistadores romanos llamaban Hispania Citerior a lo que hoy es Cataluña (que en la era romana incluía a otras regiones peninsulares). Ciertamente, las relaciones entre Cataluña y el resto de España han pasado por momentos muy difíciles, incluidas guerras civiles y movimientos separatistas, pero siempre privó la unión. Son más de quinientos años de historia común.
Lo dicho descubre la enorme hipocresía y cinismo de Pablo Iglesias, dirigente de Podemos (único partido importante a nivel nacional que apoya al separatismo) pues el desmedrado y desaliñado “revolucionario” invoca “solidaridad y democracia para Cataluña” luego de haberse lucrado de la dictadura chavista de la cual fue un bien pagado asesor y defensor. ¿Cómo asesoró este sujeto? ¿Quiere para España lo que ayudó a recetar para Venezuela?
Posiblemente la salida al presente enredo fracturista será un conjunto de reformas constitucionales, un caminar dialogante dentro de la ley, ya acordado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, camino deseado por la mayoría española. Estas reformas incluirían temas fiscales, competencias autonómicas y de organización territorial para satisfacer las demandas legítimas de esa mayoría que ama a Cataluña como parte de España. Por otra parte, un hipotético referéndum de independencia de cualquier región española tendría que incluir a todos los ciudadanos españoles porque todos resultarían profundamente afectados. No otra cosa establece el espíritu democrático de los artículos 2 y 92 de la Constitución. La mayoría, que aspira a una España próspera, diversa y siempre unida, defiende ese espíritu.
El autor es doctor (Ph.D) en Estudios Internacionales.