Desde que se constituyó la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, bajo la Ley 800, esta ha recibido 11,8 millones de córdobas otorgados por el Presupuesto General de la República, y gracias a la reforma del Presupuesto de este año, se le otorgarán 3.9 millones de córdobas “en gasto corriente”.
Según datos del Presupuesto General de la República del 2017 se le otorgó 2.6 millones de córdobas sumado a lo que se aprobó por medio de la reforma (3.9 millones), solo este año se le dieron 6.5 millones de córdobas. Cabe mencionar que el monto correspondiente a las partidas presupuestarias ha ido en aumento desde el 2013.
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La primera partida (2013) fue de 2.1 millones, mientras que en el 2014 fue de 2,2 millones y así sucesivamente. El porcentaje de cuánto se les destinará no fue estipulado por Ley y tampoco se definió hasta qué tiempo se le seguirá otorgando.
Según la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, en el artículo siete estipula que “todas las facultades otorgadas a la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua por la Ley 800 son transferidas a La Comisión a través de la presente Ley (…)”.
La quimera se evaporó
En esta misma Ley, en el artículo cuatro se mandata la creación de La Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua, y se concibe como “(…) una entidad con autonomía técnica, administrativa y financiera de duración indefinida con la capacidad para ser titular de facultades, derechos y obligaciones previstos en la presente Ley, y a ser financiada por el Gobierno en tanto requiera fondos (…)”.
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Desde la perspectiva del economista Enrique Sáenz, cancelar la asignación presupuestaria que ha gozado la Autoridad del Canal “significaría aceptar que la quimera se evaporó”, por ende, “están obligados (El Gobierno) a mantener los suelditos o sueldotes de quiénes tienen como función guardar las apariencias. En cualquier caso, un despilfarro de dinero que muy útil sería a otros fines”, expresó. Por su parte, Rosario Sáenz, abogada ambiental explicó que el hecho que le asignaran más dinero es una acción más del irrespeto completo al estado de legalidad del país.
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40 mil
millones de dólares es la estimación de lo que constaría construir el Canal Interoceánico. Según el Libro Blanco del proyecto, se ha consultado a la población afectada, pero el proceso ha sido criticado.