Los alegatos finales en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de violencia sexual, sirvió para que la representación del Estado de Nicaragua aseverara que en el país no solo se ha modernizado las leyes, sino que hay avances en la lucha contra la violencia de género en general.
María Elsa Frixiones, funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó a preguntas de uno de los jueces de la Corte- IDH que esto “es parte de una política y estrategia impulsada para combatir desde la perspectiva de género todos los hechos de violencia, con especial énfasis hacia las mujeres niños y adolescentes”.
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“El Estado señala que nuestro país ha venido obteniendo grandes avances en materia de atención a las víctimas con enfoque de género y de interés superior del niño, disminuyendo los índices de impunidad y de retardación de justicia”, aseguró Frixiones.
La activista de derechos humanos, Magaly Quintana, recordó que pese a esa modernización que dice la representación del Estado, los casos de violencia sexual en el país siguen en impunidad, muchas veces no visibilizados y presume que a través de los medios de comunicación solo llega a conocerse un 5 por ciento de los casos que ocurren en el país.
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“Pero cómo van a decir semejante cosa cuando vos tenés en un país que desmantelan las Comisarías de los cuales significan que la atención a la mujer y a la niñez se dan a través de Auxilio Judicial que ni siquiera son gente especializada”, sostuvo Quintana.
En un análisis de los datos estadísticos presentados el año pasado por el Instituto de Medicina Legal (IML) estimó que la situación es más grave de lo que se publica. Y mencionó que si el IML conoció 5,596 peritajes de los cuales el 52.85 son niños y 28.64 por ciento adolescentes. esto indica que desestimaron más de la mitad de las denuncias presentadas en el IML. A esto agregó que el IML solo tiene delegación en 29 municipios.
Estado admite violencia sexual contra niña
Sobre el caso de violación a una niña de nueve años ocurrido hace 16 años, por el cual el Estado de Nicaragua fue acusado por revictimizarla, el juez Eduardo Vio Gross preguntó a la representación de Nicaragua varias veces si hay reconocimiento de esos hechos, pero César Augusto Guevara, por el Estado trató de esquivar la respuesta al asegurar que el hecho en sí no fue parte de las alegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , a final tuvo que admitir: “el hecho existió eso es inobjetable. La prueba existe”.
Habla de ONG
Y al referirse a la petición de las representantes de la víctima que el Estado apruebe un proyecto de soporte para víctimas de abuso sexual incluyendo infraestructura y mantenimiento por parte del Estado, María Elsa Frixiones aseveró que en Nicaragua hay más de seis mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
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Sin embargo, Magaly Quintana indicó que esta debe ser una responsabilidad del Estado y no le corresponde a la sociedad civil resolver el problema de albergue, a esto agregó la situación de asfixia que el Gobierno ha llevado a las organizaciones.