Los 300 mil de la U de M

En su calidad de diputado, su responsabilidad es dual desde los Derechos Humanos, no responder, insultar e intimidar obstaculiza la labor periodística

18/10/2017
DD.HH.

Descalificación, gritos y hasta amenazas, esa fue la estrategia del diputado Mario Valle para no aclarar la razón en virtud de la cual la Asamblea Nacional le asignó 300 mil córdobas a la Universidad de Managua (U de M) —de su propiedad— al equipo periodístico de LA PRENSA en días recientes. Este incidente tiene un aspecto cultural sin duda, y por otra parte afectaciones muy graves a la libertad de expresión.

En Nicaragua no hay educación para la paz, libre debate de ideas, respeto por opiniones diferentes o al derecho de los demás, no bastando lo anterior, idealizamos una guerra civil —revolución—. Por ello, creemos que si alguien entra a robar a nuestras casas podemos matarlo; que gritar nos da derecho a comprar en una tienda donde se necesita membresía; o que una mujer que mata a su marido es un acto de justicia. Concebir las expresiones de violencia como medio para satisfacer nuestro interés, no es privativo del régimen y sus cómplices, sino un antivalor socialmente arraigado que necesitamos transformar, para que en nuestro país las cosas sean diferentes.

Funcionarios de diferentes colores, al verse cuestionados lo sienten como un ataque personal y no comprenden que su labor, voluntariamente aceptada, está sujeta al escrutinio público y que la sociedad tiene el derecho a conocer información de interés público. Si vemos este caso con el prisma de la libertad de expresión, se puede llegar a algunas conclusiones que tal vez resultan interesantes.
La primera es que la noticia dejó de ser los 300 mil pesos, y ahora la noticia es el exabrupto del diputado Valle.

La interrogante de por qué invertir en total casi un millón de córdobas en un programa televisivo pasa a un segundo plano. La actuación de Valle no es solo una agresión a la libertad de expresión, sino una estrategia que devela a su vez una intención deliberada de no rendir cuentas, violentando su obligación como privado de rendir cuentas del dinero público que recibe, de conformidad a lo establecido en el artículo 21, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En su calidad de diputado, su responsabilidad es dual desde los Derechos Humanos, no responder, insultar e intimidar obstaculiza la labor periodística, por ende, el derecho a buscar, recibir y difundir información del periodista. La labor de informar que tienen los periodistas y comunicadores es protegida por el Estado, en el entendido que se protege a la vez el derecho de la sociedad a estar informada.

Que una sociedad no esté informada, no solo se trata de una violación a la libertad de expresión, sino configura la naturaleza del régimen político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la libertad de expresión es piedra angular de una sociedad democrática, por ser indispensable para la formación de la opinión pública, consecuentemente, es una condición para que la comunidad pueda tomar sus decisiones, por lo tanto, si una sociedad no está plenamente informada, no es una sociedad libre (OC 5/85, par 70).

Las lamentables declaraciones del diputado Valle son una muestra del sentir popular que las cosas se resuelven insultando e intimidando, también es un reflejo de la falta de transparencia y rendición de cuentas que al mismo tiempo viola la libertad de expresión en Nicaragua. Por otro lado, estas declaraciones son evidencia sólida de que en Nicaragua no somos libres como sociedad al no estar informados, pero además es un reflejo de la falta de un Estado de derecho, en vista que ante el atropello, no habrá ninguna consecuencia jurídica contra el agresor, el régimen envía el mensaje que agredir a un periodista en el ejercicio de su labor está permitido.

El autor es maestro en Derechos Humanos.

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Comentarios

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  • Iván Martinez

    Por esa razón es indispensablemente necesario una CICIG – (Comisión Internacional contra la Impunidad) en Nicaragua.

  • Monde

    En este país, prácticamente ningún atropello, tiene ninguna consecuencia jurídica contra el agresor, y es por ello que los agresores entienden que lo que hacen está permitido, pues son las víctimas, las que a menudo se ven envueltas en procesos legales, impulsados por los propios agresores (maridos golpeadores o abusadores, violadores, casos de abusos policiales, y atropellos de cualquier índole)


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