Gobierno de España aplicará la Constitución para restaurar la legalidad en Cataluña

La decisión se da luego de que el presidente regional, Carles Puigdemont, avisara de que el Parlamento catalán podría declarar la independencia si no hay diálogo

España

Las medidas contra Cataluña serán aprobadas este sábado. LA PRENSA/EFE

El Gobierno español anunció este sábado un plan sin precedentes para destituir a las autoridades separatistas de Cataluña, instalar a su propia gente en su lugar y convocar a elecciones, valiéndose de poderes constitucionales jamás utilizados para controlar a la próspera región que amenaza con independizarse.

El presidente catalán Carles Puigdemont respondió con una amenaza velada de independencia, diciéndoles a los legisladores locales que presenten un plan para contrarrestar el “intento de liquidar nuestro auto-Gobierno” por parte de España.

Incluso los catalanes moderados se horrorizaron ante la amplitud de la medida y protestaron contra el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con golpes de cacerolas y bocinazos de vehículos en las calles de Barcelona, la capital regional.

Anoche en un discurso, Puigdemont describió los planes de Rajoy de reemplazarlo a él y a su gabinete como “la humillación que pretende el Gobierno español” y un “ataque a la democracia”.

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Puigdemont se refirió a la medida de Rajoy como “el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat de Cataluña” en 1939. La alcaldesa Ada Colau, que se opone a la independencia sin un referendo válido con garantías fundamentales, calificó la medida de “ataque grave” a la autonomía catalana.

Otros también expresaron su rechazo. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, acusó a las autoridades centrales españolas de perpetrar un golpe de Estado.

“Mariano Rajoy ha anunciado un golpe de Estado de facto con el objetivo de derrocar a un Gobierno democráticamente elegido”, declaró Forcadell, quien describió la medida como “un golpe autoritario al interior de un miembro de la Unión Europea”.

Tras una sesión especial del Consejo de Ministros para frenar el movimiento independentista en Cataluña, Rajoy dijo que pedirá al Senado autorización para que ministros del Gobierno central asuman las funciones del Gobierno catalán, lo que incluye el control de la Policía, las finanzas y los medios de prensa públicos. Rajoy también pretende solicitar a la Cámara Alta que apruebe otorgarle la autoridad para convocar a elecciones regionales, algo que por el momento solo puede hacer el presidente catalán.

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El vicepresidente del Senado, el conservador Pedro Sanz, dijo que las medidas serán sometidas a votación en una sesión del viernes próximo. Sanz señaló a la prensa que una comisión especial de 27 senadores efectuará el martes una primera evaluación de las medidas. Dijo que Puigdemont puede apelarlas compareciendo ante la comisión el jueves antes del mediodía o mediante un enviado.

El Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado y se espera que reciba amplio apoyo de la oposición para las medidas encaminadas a proteger la unidad española.

Reacción catalana

Manifestantes envueltos en banderas catalanas de rojo y amarillo inundaron el sábado las calles del centro de Barcelona y exhibían carteles en los que pedían libertad.

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Unas 450,000 personas se unieron a la protesta en la capital catalana, según la Policía, mientras que un grupo antisecesión dijo que la cifra fue de 85,000.

 

Primera vez en aplicarse

Sería la primera vez que se aplicará este artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.

En ese requerimiento, se pedía al presidente catalán que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había declarado la independencia y se le instaba a restituir el orden constitucional en la región. El lunes pasado, en una primera carta, Puigdemont no concretó si se había proclamado la independencia y ofrecía a Rajoy abrir un periodo de dos meses para dialogar y buscar una salida al contencioso.

El Gobierno central denunció este jueves la actitud de los gobernantes catalanes de “buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña”.

Así, el Ejecutivo pondrá “todos los medios a su alcance” para restaurar la Ley, la “convivencia pacífica” en Cataluña y frenar el “deterioro” de la seguridad jurídica, enfatizó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en una declaración institucional.

Medidas proporcionales y ajustadas

El presidente del Poder Judicial español, Carlos Lesmes, estimó que esas medidas “deberán ser sin duda proporcionales y ajustadas” al objetivo.

Representantes del Gobierno se reunieron con dirigentes del Partido Socialista (principal de la oposición) y los liberales de Ciudadanos (cuarta fuerza parlamentaria) para ultimar la concreción de las medidas que se aprobarán el sábado próximo.

El secretario socialista de Organización, José Luis balos, denunció como “tramposa” la oferta de diálogo de Puigdemont, y confió en que la aplicación del artículo 155 sea “lo más breve posible” y “muy, muy limitada”.

Por el contrario, el líder del izquierdista Podemos (tercer grupo parlamentario), Pablo Iglesias, pidió “sensatez” y “diálogo” frente a las amenazas recíprocas de aplicar el artículo 155 o declarar la independencia.

El partido independentista catalán PDeCAT, al que pertenece Puigdemont, lamentó que se esté “a punto” de entrar en un escenario «malo» para España y «muy difícil» en Cataluña.

España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración sin garantías el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.

El presidente catalán asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según las cifras de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.

El Gobierno de Rajoy le instó a dialogar con la oposición en Cataluña y en el Parlamento español.