El Gobierno de España y el Partido Socialista (PSOE, primer grupo de la oposición) pactaron la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para enero de 2018, mientras se ultiman las medidas que el Consejo de Ministros aprobará este sábado para restaurar la legalidad en esa región.
La dirigente socialista Carmen Calvo confirmó este viernes la fecha en enero, en declaraciones a la cadena Televisión Española divulgadas en susitio web. Calvo, experta en Derecho Constitucional, encabeza la delegación del PSOE que negocia con el Ejecutivo las medidas concretas para aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.
Calvo dijo también, en una entrevista en la cadena Antena 3, que las medidas “evidentemente podrían afectar” a la policía regional (Mossos dEsquadra) y la cadena autonómica de televisión TV3, además de a las cuentas públicas de Cataluña.
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El fin es, argumentó, “volver a la legalidad, a la normalidad y la tranquilidad institucional” para ir “a unas elecciones” regionales.
Competencias regionales
El Gobierno decidió aplicar el artículo de la Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, avisara este jueves de que el Parlamento catalán podría declarar la independencia si no hay diálogo entre las partes.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización por mayoría absoluta y aplicación efectiva.
El pleno del Senado aprobará este 27 de octubre, las medidas que el Gobierno le proponga mañana para frenar el desafío independentista de los gobernantes regionales, aseguraron fuentes parlamentarias.
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España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración sin garantías el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.
El presidente catalán asumió el pasado 10 de octubre, en el Parlamento regional, el resultado de la consulta favorable a la secesión, según los datos de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.
El Ejecutivo, por su parte, instó a Puigdemont a dialogar con la oposición en Cataluña y en el Parlamento español.