El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó este viernes en una corte del estado de Maryland que planea interponer un recurso contra el bloqueo judicial que impidió esta semana la entrada en vigor de parte de su veto migratorio.
Los abogados del Departamento de Justicia interpusieron ante la corte federal de Maryland una breve notificación, en la que avisan que recurrirán el bloqueo ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, una instancia inferior al Tribunal Supremo de EE.UU. y con sede en Richmond, Virginia.
Este es el primer paso que el Gobierno de EE.UU. tiene que dar para recurrir el fallo que dictó esta semana el juez de la corte federal de Maryland, Theodore D. Chuang, para frenar el veto al considerar que podría dirigirse contra una minoría religiosa y violar el derecho a la libertad de culto, recogido en la Constitución.
Otro juez en Hawái también falló en contra del veto y, por el momento, el Gobierno no ha notificado su intención de recurrir ante ese magistrado.
Para que el veto entre en vigor, el Gobierno de Estados Unidos debería conseguir un fallo a favor tanto del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito como del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede central en San Francisco y al que corresponde evaluar los casos de Hawái.
“Veto musulmán”
Pocas horas antes de la entrada en vigor del veto, prevista para el 18 de octubre, el magistrado de Hawái, y posteriormente el juez de Maryland, decidieron bloquear el veto de manera temporal para estudiar en profundidad si Trump busca crear un “veto musulmán” para prohibir la entrada a EE.UU. de miembros de esa religión, como prometió durante la campaña de 2016.
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De esa forma, quedó suspendida la parte del veto que buscaba restringir la entrada a EE.UU. de los nacionales de seis países con mayoría musulmana (Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad). Sin embargo, entró en vigor la parte del veto que se refiere a Corea del Norte y Venezuela, donde casi no viven musulmanes.
Con respecto a Venezuela, el veto no afecta a la mayoría de la población, solo a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.