El Gobierno español propuso este sábado la destitución del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y todos sus consejeros y convocar elecciones autonómicas en el plazo máximo de seis meses en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en esa región autónoma.
El Consejo de Ministros acordó una serie de medidas, que deberá autorizar el Senado, para asumir el ejercicio de funciones en Cataluña y restablecer el orden constitucional frente a la “desobediencia rebelde” de los gobernantes catalanes, que iniciaron un proceso de independencia.
La facultad de disolver el Parlamento de Cataluña para convocar elecciones corresponderá a Rajoy, quien espera que esto sea posible en cuanto se recupere la normalidad.
El Ejecutivo central acordó aplicar las previsiones de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves pasado de que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.
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El artículo 155 establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
En rueda de prensa, Rajoy argumentó que los objetivos son, por este orden, volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.
El ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno español, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros del Ejecutivo central.
Todos los departamentos están afectados, entre ellos vicepresidencia, Economía y Hacienda, Interior (responsable de la policía regional), Justicia, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Enseñanza, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Pesca.
Límites para el Parlamento de Cataluña
Además, el Gobierno limitará las funciones del Parlamento catalán para que no pueda proponer candidato a la Presidencia de Cataluña ni pueda celebrar el debate y votación para su investidura mientras estén vigentes las medidas propuestas.
El Parlamento catalán tampoco podrá tomar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer el derecho de veto sobre las decisiones de la cámara catalana.
España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.
El presidente catalán asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según los datos de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.
El Ejecutivo envió un requerimiento a Puigdemont para que cumpla la legalidad constitucional y lo instó a exponer sus propuestas y dialogar en el Parlamento español.
