Wiston Joel Loáisiga Requene aseguró este domingo que era agente activo de la Policía Nacional hasta el día que miembros de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ) lo llegaron a capturar por el asesinato del comerciante Dervin Sobalvarro Baldelomar, en el Complejo Policial Cristhian Munguía donde estaba laborando.
Este domingo el Ministerio Público acusó a Loáisiga Requene ante el juez Décimo Distrito Penal de Audiencias, Carlos Solís, por haber proporcionado dos uniformes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) para que se cometiera el asesinato del comerciante.
Junto a él se acusó a Roberto José Miranda Martínez, Miguel Valentín Suazo Valdés y Juan Marcelino Calderón Navas, este último, según el Ministerio Público, facilitó el vehículo color negro para que interceptaran el paso a la víctima.
Otros tres sujetos identificados como Carlos Stherling Duarte Báez, Byron Vladimir Ruiz Vallecillo y Aquiles Eduardo Mairena Barquero aún están prófugos de la justicia.
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Los detenidos fueron acusados de asesinato agravado, secuestro simple y robo agravado, y en el caso del agente policial fue acusado también de uso indebido de emblemas de la Policía Nacional.
Planeación
La acusación señala que desde el primero de septiembre todos los acusados se reunieron en la vivienda de Juan Marcelino ubicada cerca de la rotonda Cristo Rey para planear el hecho, acordaron que el vehículo negro se lo entregara al acusado Miguel Vñalentín para que este lo llevara hasta la finca ubicada en la comarca Esquipulas y debía estar listo para cuando se cometiera el hecho.
El pasado 4 de septiembre, el acusado Byron Ruiz se dirigió al mercado Iván Montenegro a bordo de una motocicleta y se instaló en un parqueo que quedaba cerca del negocio de la víctima y se mantuvo vigilando todos sus movimientos e informando a los demás acusados.
Aquiles Eduardo Mairena y Carlos Duarte fueron los dos sujetos que se vistieron de agentes de la Policía y junto a otros dos sujetos abordaron el carro y cuando Byron les avisó que el comerciante iba saliendo del mercado, decidieron seguirlo para interceptarlo en el sector de los semáforos del antiguo Dancing en Carretera Norte.
Todos los acusados portaban armas de fuego con la que amenazaron y golpearon a la víctima en la cabeza para que se bajara de la camioneta que conducía y se introdujera al carro.
Cuando el comerciante fue llevado a la finca en Esquipulas los sujetos le pusieron un pasamontañas y lo amarraron para después privarlo de la vida de varios machetazos en la cabeza.
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La camioneta de la víctima fue llevada por el acusado Miguel Suazo hasta el kilómetro 20 y medio de la Carretera Sur, en la entrada a la comarca El Boquete, donde fue abandonada.
Al comerciante le robaron cuarenta mil córdobas en efectivo, un arma de fuego y su celular.
La semana pasada los familiares de la víctima manifestaron a medios de comunicación que Sobalvarro fue decapitado, pero en la acusación solo se indica que recibió varios machetazos.
El cuerpo del fallecido fue encontrado el pasado 17 de octubre mediante un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, estaba enterrado en una fosa de dos metros de profundidad, según la Fiscalía.
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El cuerpo fue remitido hacia el Instituto de Medicina Legal (IML) para realizarle un examen de ADN y determinar si se trata del cuerpo del comerciante Dervin Sobalvarro Baldelomar.
Ayer no estuvieron presentes los familiares del comerciante en la audiencia inicial. Se conoció a través de ellos que la Fiscalía no les informó de la audiencia.
Los abogados defensores de los cuatro procesados indicaron al juez Solís que estaban detenidos ilegalmente puesto que ya se había vencido el término de las 48 horas para ser presentados.
También mencionaron que la Fiscalía debió acusar a los sujetos hasta que el IML presentara el dictamen y confirmara que el cadáver es del comerciante.
