Familiares de tres acusados por tráfico de migrantes denunciaron lo que consideran una violación al derecho a la legítima defensa, pues a los detenidos les realizaron audiencia inicial y de ampliación de acusación sin la presencia de los abogados que ellos contrataron como defensores.
Se intentó conocer la versión del juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Sandro Francisco Pereira Chévez, pero en el Complejo Judicial se informó que estaba ocupado, realizando audiencias.
Se trata del caso donde murió un migrante africano identificado como Mbang Atangs Azehfor tras recibir un impacto de bala, propinado por un militar del Ejército de Nicaragua, el 29 de septiembre.
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“Estaban citados para la audiencia inicial y ampliación de la acusación a la 1:00 p.m. del 16 de octubre, pero uno de los abogados defensores llevó un escrito porque estaba con problemas de salud y pidió reprogramación de audiencia, y el juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, eran casi las seis de la tarde y nunca resolvió la suspensión de la audiencia” explicó Marilin Rostrán Villarreal esposa del acusado Kiver Martínez Sánchez.
Explicó que las otras dos abogadas al conocer del escrito de su colega enfermo pidiendo la suspensión de la audiencia, esperaron un poco después de las cinco de la tarde, pero como el juez nunca dio respuesta de reprogramación pensaron que serían notificados y se fueron del complejo judicial.
Sin embargo el Ministerio Público pidió al juez Pereira que declarara abandono de las defensas, a pesar del escrito de problemas de salud presentado por el defensor Alexis Rodríguez, el que fue obviado tanto por el juez como por el Ministerio Público.
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“El juez complaciente hizo todo lo que la fiscal le decía, y mandó a buscar un defensor público, pero como ya se habían ido todos, tuvo que reprogramar la audiencia para las ocho de la mañana del día siguiente, y eso fue horrible, trataron a los defensores que nosotros contratamos como cualquier cosa, y se llevaron a los tres presos a otra sala, y les hicieron la audiencia en privado, solo el juez, la fiscal y un defensor de oficio sin el consentimiento de los acusados, y nos negaron la entrada a los familiares” detalló Rostrán.
Georgina Suley Cisneros Fuerte, esposa de Byron Jarquín López, calificó el hecho como una violación al derecho de defensa y comentó que el atropello fue tal que su esposo, antes que iniciara la audiencia inicial de ampliación de acusación pidió que su abogado estuviera presente “y el juez le dijo que se callara, que él no sabía nada de leyes y siguieron con la audiencia hasta que los mandaron a juicio y ellos en protesta no firmaron el acta”.
Tanto Rostrán como Cisneros y demás familiares coincidieron al expresar que el sistema de justicia se está ensañando contra sus familiares, en un caso donde la víctima es un migrante africano, y que quien le quitó la vida de un balazo es un soldado del Ejército que están encubriendo y no aparece por ningún lado en la acusación.
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Inicialmente Byron José Jarquín López, de 27 años, originario de Tipitapa, Managua; Kiver Martínez Sánchez de 20 años, y Yasser Eduardo García López de 27 ambos originarios del municipio de Rivas, fueron acusados por tráfico de migrantes, pero el día de la ampliación de la acusación con la ausencia de sus defensas, se les agregó el delito de Crimen Organizado y homicidio frustrado en perjuicio de cuatro efectivos del Ejército y dos de la Policía.
Los abogados María Esperanza Peña y Alexis Rodríguez, comentaron que existe una gran desventaja para los abogados defensores, porque el Ministerio Público y la Policía, muchas veces no llevan a los testigos que son agentes policiales, y reprograman los juicios cada vez que quieren, mientras que los defensores ya no tienen ni derecho a enfermarse, porque el Ministerio Público pide abandono de la defensa y aunque el juez tenga a vista el escrito del abogado que solicita reprogramación, no lo toman en cuenta.