A pesar del discurso oficial sobre el interés por la prevención de los accidentes de tránsito, en la práctica esa área es la que menos prioridad tendrá el próximo año en la operatividad de esa institución, a diferencia de la dirección de protección a personalidades y las áreas administrativas.
De acuerdo con la propuesta del Presupuesto General de la República para 2018 enviado por el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, a la Asamblea Nacional, la seguridad vial seguirá siendo una de las direcciones más invisibilizadas de la Policía, pese a que es una de las principales áreas recaudatorias.
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Aunque una buena parte del monto propuesto de 3,681 millones de córdobas como presupuesto del 2018 para la Policía Nacional está destinado a la parte de prevención y seguridad ciudadana, con 2,077 millones de córdobas, una cantidad importante es destinada a salarios de personal, con 1,324 millones de córdobas.
Y en la parte salarial destaca un monto significativo, como es el fomento de la burocracia, pues destinan al área de jefatura nacional 129.7 millones de córdobas para el pago de salarios de 1,133 funcionarios.
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Ya en la propuesta presentada para 2017 se señalaba en LA PRENSA que la burocracia podría estar restándole capacidades a la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el país.
La institución como tal cuenta con una jefatura compuesta por una secretaría general y seis subdirecciones, 14 divisiones y 23 direcciones, dos más que las establecidas en el organigrama del año pasado, más las delegaciones departamentales, las que demandan una mayor asignación presupuestaria.
Esto porque en dependencia de los cargos está la cantidad de los oficiales superiores que ostentan el grado entre comisionado mayor, comisionado general y primer comisionado.
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Al fundamentar la labor de la jefatura nacional, en la propuesta se señala que entre las tareas que la define están la asignación de recursos humanos y técnicos, para la recepción, procesamiento y análisis de las denuncias.
“También da inicio, seguimiento y finalización del proceso investigativo para esclarecimiento de las denuncias”, explica la propuesta. Y añade que la meta es recibir 98,000 denuncias durante el año próximo.
No obstante, se desconocen cuántas de las denuncias recibidas cada año verdaderamente han sido investigadas por las autoridades, pues constantemente los organismos de derechos humanos reciben denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, sin que haya respuesta a sus denuncias.
Protección de personalidades
Para la protección de personalidades han propuesto 103.2 millones de córdobas, para la cual destinan 1,243 oficiales. Y en la presentación que hacen del área mencionada, resalta “proteger la vida e integridad física de nuestro presidente de la República y vicepresidenta”, así como de personalidades.
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Y contempla entre las actividades de esta dirección 802 planes de protección a Ortega y a la vicepresidenta designada por el CSE, Rosario Murillo, contra 1,560 planes programados para las diferentes personalidades del país a las que también le garantizan seguridad, entre los que destacan también representantes diplomáticos y ministros y representantes de los poderes del Estado.
Y pese a que supuestamente las autoridades han estado interesadas en mejorar la prevención de los accidentes automovilísticos, para reducir la peligrosidad en muertos y lesionados, la dirección de Tránsito sigue siendo una de las más pequeñas de la institución, con un personal de 155 agentes.
Para el área de seguridad vial han propuesto destinar 44.9 millones de córdobas.
Durante el presente año, los accidentes parecen no dar tregua pese a los planes implementados y la campaña de prevención.
Hasta el 3 de octubre se registraban 596 personas fallecidas por accidentes de tránsito, superior a lo reportado durante el mismo período en 2016.
Solo en la última semana una nota en el sitio web de esa institución indica que registraron 735 accidentes, con un saldo de 18 fallecidos y 51 lesionados.
Fortalecer modelo
Pese a todo, en la propuesta el Gobierno asegura que se propone fortalecer la eficiencia y eficacia de la capacidad preventiva e investigativa de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad.
Así como ampliar la cobertura y calidad de los servicios policiales, optimizando la gestión administrativa, financiera y la ejecución de programas y proyectos. Además prevenir, atender e integrar a la sociedad a jóvenes en riesgo, así como prevenir e investigar el delito para mejorar la efectividad policial.
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Igualmente plantea que se propone elaborar estrategias para la formación de un muro de contención en la lucha contra el crimen organizado en sus diferentes modalidades.
En la justificación sobre el presupuesto refiere que la Policía busca fortalecer el modelo policial de protección a las familias y comunidades, orientado a la prevención del delito y la seguridad de las personas y sus bienes.
“Ser un modelo inclusivo, de responsabilidad compartida, de integración, articulación (…) fortaleciendo la prevención social del delito, mediante los subsistemas policial, social y estatal”, reza parte de la formulación de la propuesta.
