América Latina y El Caribe vive una pandemia de violencia sexual contra la niñez y es la única región en el mundo donde los partos en menores de 15 años están en aumento y la cifra se acerca a diez millones de embarazos no deseados al año y representan casi el sesenta por ciento del total ocurridos en la región. En los últimos nueve años en Nicaragua aumentaron en un 47 por ciento los embarazos en niñas en edades comprendidas entre diez y catorce años.
Esto fue parte de un informe y una declaración firmada por 150 organizaciones de la región presentada en audiencia durante el 165 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolla desde el pasado lunes, en Montevideo, Uruguay y en el que Nicaragua también fue mencionado como uno de los seis países de la región donde está penalizado el aborto terapéutico.
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En la audiencia fue presentado el documental Vidas robadas, realizado por la Asociación de Mujeres Axayactl, de Masaya, que recoge el testimonio de dos de niñas que resultaron embarazadas víctimas de violación, y los casos siguen en impunidad, expresó Elia Palacios, dirigente de esa organización, quien señaló que el estudio demuestra las secuelas físicas y emocionales que viven las niñas víctimas de violencia sexual, así como la revictimización que sufren por parte de los estados cuando el delito queda en impunidad.
En el caso de Nicaragua, de 30 casos seleccionados en dos años cuando realizaron el estudio solo tres de los agresores fueron condenados, apuntó Palacios.
Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que este problema representa mayor riesgo de mortalidad y que la niñez contraigan enfermedades infecciones y el VIH.
Piden un informe temático
Alicia Ponce, una de las asistentes a la audiencia solicitó a la CIDH que preste especial atención en monitoreos de derechos humanos y en particular de la relatoría especial a la situación de niñas víctimas de violencia sexual y las consecuencias del embarazo, maternidad forzada, falta de acceso a la justicia e incluya el derecho a la reparación.
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También plantean las organizaciones que la CIDH realice un informe temático en el cual analice el impacto que el problema tiene en la región, tomando en cuenta derechos vulnerados como el derecho a la vida, integridad, y ser libres de tortura, entre otros.
La comisionada Comisionada Margarette May Macaulay lo consideró un tema muy importante y extremadamente sensible para algunos estados que no quieren admitir la enfermedad existente en relación con este tipo de delitos.
Violencia sexual es una enfermedad grave
“¡Por Dios! es una enfermedad muy grave ¿Y hemos hecho algo al respecto? No ¿Por qué no? Porque las víctimas son del sexo femenino, si fueran varones los que fueran víctimas y hay niños que si lo son, por favor no crean que yo no soy consciente de eso, pero no tanto que las niñas, hay algo del sexo femenino que las victimiza, las hace víctima”, dijo Macaulay quien estimó es un tema de género y debe realizarse una investigación al respecto y no conformarse con decir “debe detenerse”.
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Igualmente expresó debe haber una investigación sobre la pedofilia. “A ellos hay que estudiarlos y ¿por qué algunos padres y abuelos se meten con sus hijos, con sus nietos y otros no, tiene que haber algo que se pueda hacer para encontrar un tratamiento para esta gente (…) lo tenemos que tomar en serio y hacer algo al respecto; ya es bastante malo para una chica o una mujer ser víctima de una violación”, mencionó la comisionada Macaulay, quien dijo que en países del Caribe de habla inglesa han tenido éxitos en hacer cambios en la legislación en el trato en los tribunales a las víctimas de violación donde no puede haber preguntas de la historia de la violación.
Entre las peticiones que hacen las organizaciones de América Latina está que la CIDH contemple poder otorgar medidas cautelares a víctimas de violación asumiendo que hay riesgo en la salud y la vida y que los estados asuman no solo el acceso a la justicia sino que incluyan el derecho a la reparación.
