El Parlamento de Cataluña declaró ayer la independencia de esa Comunidad Autónoma de España.
La trascendental decisión fue tomada mediante una votación secreta en la que no participaron los representantes de los partidos mayoritarios de España (Popular, Socialista y Ciudadanos), que se retiraron de la sesión para no avalar ni siquiera con su presencia un acto a todas luces ilegal e inconstitucional.
En respuesta a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, el Gobierno de España comenzó a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que le permite “adoptar las medidas necesarias” para proteger el interés general de España, en este caso restablecer la integridad nacional consagrada en el artículo 2 de la misma Constitución.
Autorizado por el Senado, como manda la Constitución, el Gobierno de España disolvió el Parlamento, destituyó al Gobierno de Cataluña y asumió temporalmente sus funciones, canceló las embajadas catalanas en el extranjero y convocó a elecciones de nuevas autoridades autonómicas para el próximo 21 de diciembre.
En principio, la declaración de independencia de Cataluña no tiene ningún efecto jurídico o valor legal. Así fue declarado mediante sentencias previas por los tribunales competentes españoles, incluyendo los catalanes.
Pero los independentistas se atienen al criterio arbitrario de que su voluntad política está por encima de la ley y las sentencias judiciales.
Es fácil de comprender que si la independencia catalana fuera aceptada, desencadenaría el separatismo en las otras comunidades autónomas de España y conduciría a la fragmentación del país, como le ocurrió a Yugoslavia en los años noventa del siglo pasado.
La independencia de Cataluña alentaría también a los movimientos independentistas de otros países de Europa. Por eso la Unión Europea ha rechazado categóricamente la ilegal declaración de independencia catalana, igual que lo han hecho todos los demás países importantes de la comunidad internacional, como los Estados Unidos y la Federación de Rusia, en cuya extensa y complicada geografía bullen diversas corrientes nacionalistas e independentistas.
Europa ha exhortado al Gobierno de España a resolver la crisis catalana de acuerdo con la ley, pero pacíficamente. “Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos y no el argumento de la fuerza”, expresó Donald Tusk, presidente de la Unión Europea.
En este sentido, algunos analistas españoles aseguran que la aplicación del artículo 155 de la Constitución garantiza que la situación se resolverá de manera institucional y pacífica. Consideran que la independencia declarada por los separatistas catalanes es como los fuegos artificiales, que iluminan y hacen mucho ruido, pero se extinguen inmediatamente.
Sin embargo, los independentistas catalanes han demostrado que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hablan de diálogo pero es por las vías de hecho que han puesto a España y Cataluña al borde del abismo.
Esperamos que no se tenga que usar la fuerza extrema para que prevalezcan en España el Estado de Derecho y la integridad nacional. Pero también sabemos que eso dependerá de hasta dónde quieran llegar los separatistas catalanes.