Los niveles de violencia hacia los periodistas de medios independientes se han recrudecido el último año y las instituciones estatales se han convertido en una “amenaza” para el ejercicio periodístico crítico al régimen del presidente designado Daniel Ortega, según expone el informe Índice de Sostenibilidad de Medios de 2017, del organismo internacional Irex.
Ese informe incorpora los relatos de un grupo de reporteros sobre las agresiones físicas y verbales, el cierre de sus espacios de información y el arresto al dar cobertura a protestas contra la violencia de género, durante las marchas campesinas contra el Canal Interoceánico, así como la expulsión de “defensores internacionales de la libertad de prensa” y la confiscación del “equipo de corresponsales internacionales cuando intentaron ingresar al país para cubrir las noticias”.
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Censura
“Si trabajás para un medio de comunicación controlado por el Gobierno, se te otorgan entrevistas y acceso a la información, pero si no eres del partido político gobernante, no te dan una entrevista”, expuso al Irex María Cristina Medal, una periodista de Chinandega.
Elízabeth Romero, reportera de LA PRENSA, advirtió en el informe, que un juez puede obligar a un periodista a revelar su fuente de información. Romero dice que “el peligro” está ahí.
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Callar a críticos
Según el informe, uno de los casos extremos de la represión fue la cancelación, después de 15 años al aire, del programa de la periodista Yolidia Navas en Radio Zinica, “una decisión impulsada por Arturo Valdez, un legislador del FSLN que maneja la estación” por “atacarlos durante las elecciones” de 2016.
El programa de Navas se sumó a Voz de Mujer, Radio La Ley, La Poderosa y estaciones de televisión locales de León y Chinandega.
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