Han pasado casi diez años desde que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Sociedades Recíprocas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pero desde ese entonces en Nicaragua no se ha logrado crear ni una sociedad de garantía, una misma suerte que temen pueda ocurrir con la Ley de Garantías Mobiliarias, que tampoco ha podido entrar en vigencia pese a que fue aprobada en octubre del año pasado.
Cuando se aprobó la Ley de Sociedades Recíprocas, Ley 663, en junio de 2008, se pensó que por fin las mipymes, que sufren graves problemas de acceso al financiamiento, podrían conseguir avales que les serviría de garantías para aplicar a préstamos del sistema financiero nacional e invertir en su desarrollo.
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El tiempo ha demostrado que no ha sido así y la Ley sigue sin cumplir su objetivo. El 80.3 por ciento de las pequeñas empresas se financian con recursos propios y la situación es peor entre las micro, porque el autofinanciamiento alcanza el 82.4 por ciento, según la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, publicada por el Consejo Superior de la Empresa Privada.
El 64 por ciento de la mediana empresa se financia con sus propios recursos, una magnitud que se reduce a 46.2 por ciento entre las empresas grandes, que generalmente no tienen dificultades para presentar garantías de préstamos.
Además de los altos números de requisitos que deben completar para acceder a un crédito, la falta de garantías figura entre las razones de por qué hay dificultades para financiarse con la banca u otras instituciones financieras.
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Este último problema es que se pretendía resolver con la Ley 663, cuyo impacto prácticamente ha sido nulo.
“La Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas tiene como objeto regular la creación, operación y funcionamiento del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas con el fin de facilitar a las micro, pequeñas y medianas empresas, el acceso al financiamiento, las contrataciones y adquisiciones públicas y privadas a través de avales, fianzas y otras garantías, denominadas para efectos de esta Ley como garantías financieras o de pago”.
Su funcionamiento
¿Cómo iba a funcionar? Tras recibir el aval de un órgano rector, al menos 50 personas naturales o jurídicas que pertenezcan a las mipymes constituirían una sociedad, donde existiera al menos un socio protector.
Todos los miembros de la sociedad deberán aportar un fondo, el que serviría de garantía para que cualquiera de los partícipes pudiera obtener avales, fianzas u otras garantías para acceder a préstamos ante el sistema financiero nacional.
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La expectativa de la puesta en marcha de este nuevo instrumento financiero había sido tal, que el turismo, por ejemplo, había conseguido recursos de la Cooperación de Luxemburgo, que funcionaría como socio protector, para crear la primera sociedad de garantías recíprocas. Entonces, ¿por qué fracasó?
Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), afirma que el primer obstáculo fue porque el Gobierno nunca nombró a sus representantes dentro del Órgano Regulador de las Sociedades de Garantías Recíprocas.
Sin la constitución de este órgano no se pueden crear las sociedades, porque estas deben obtener un permiso para su funcionamiento. “Ya habíamos recogido una cantidad importante de dinero, pero tuvimos que regresarlo a todos los futuros asociados. O sea la Ley quedó en papel”, afirma Torres, quien también es presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).
De hecho este mismo obstáculo está afrontando la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, la que está paralizada debido a que el Gobierno está poniendo trabas en el nombramiento del secretario ejecutivo de la comisión.
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“No hubo interés, no hubo empuje del sector público, del Estado de nombrar a su órgano regulador. Se nos limitó la posibilidad que los mismos legisladores, la misma bancada sandinista, había apoyado”, enfatiza Torres.
Ese mismo sentir comparte el presidente de la Cámara Cuero Calzado Nicaragüense (Camcunic), Alejandro Delgado, quien va más allá y cree que otra Ley que también fracasará es la Ley de Garantías Mobiliarias, porque no existen condiciones para que funcione. “Es una Ley que nació muerta. En mi opinión y lo hemos conversado entre los socios, creemos que es una Ley que no va a funcionar”, sentencia.
Sobre la Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas, Delgado asegura que inclusive cuando fue presidente de Conimipyme se estuvo negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que fungiera como socio protector en una de estas sociedades de garantías, pero todo quedó en pláticas.
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A criterio de Delgado el problema es que se están aprobando leyes de este tipo sin crear las condiciones para que funcionen. Por ejemplo, señala que en el caso de la Ley de Garantías Mobiliarias hay varias contradicciones, entre ellas que la misma Constitución de la República de Nicaragua, que establece que no se puede despojar a los nicaragüenses de sus medios de trabajo. Además recuerda que los bancos no están acostumbrados a aceptar maquinarias en concepto de garantía.
De hecho, el mismo día que se tenía previsto que entrara en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia informó que la misma no podía ponerse en marcha porque el Registro Nacional de Garantías Mobiliarias no estaba preparada para funcionar.
“Estas dos leyes que me mencionaste no van a venir a beneficiar a las pymes mientras no haya una buena estrategia por parte del sector privado para implementarla”, enfatiza.
Falta respaldo estatal a las mipymes
Los planteamientos de Torres y Delgado de que hace falta mayor política de apoyo por parte del Gobierno para que estas leyes funcionen los señala Blanka Callejas, vicepresidenta de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
Callejas señala que en el caso de la Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas esta necesita ser actualizada de acuerdo con las nuevas legislaciones que están vigentes en Nicaragua. “Nadie ha mostrado interés en reformarla, nosotros hemos hecho el esfuerzo de visibilizar esa necesidad, pero como no hay un interés político entonces nadie se toma el interés de hacerlo”, afirma.
La también expresidenta de la Red de Empresaria de Nicaragua (REN), indica que la única legislación que hasta ahora ha funcionado ha sido la Ley de Factura Cambiaria, porque inclusive hasta los mismos supermercados tienen sus propios departamentos para atender a los proveedores que usan este instrumento financiero. La ventaja es que este es ágil, afirma.
Quieren apoyo como la gran empresa
El presidente de la Cámara Cuero Calzado Nicaragüense (Camcunic), Alejandro Delgado, señala que el sector de mipymes reclama al Gobierno el mismo apoyo que se da a otros sectores integrados por empresas grandes, como es el caso de la vivienda.
Delgado señala que así que como se destinan fondos del presupuesto para que leyes como la Ley de Vivienda de Interés Social funcione, así se deberían asignar recursos públicos para impulsar la Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas o bien para apoyar en las compras públicas de las mipymes.
“Que no solamente los grandes tengan ese tipo de Ley que los beneficie, también las pymes necesitamos leyes que nos beneficien, porque al fin y al cabo somos los que dinamizamos las economía”, enfatiza.