El disfrute pleno y universal de los Derechos Humanos (DD. HH.) debiera ser la máxima aspiración individual y colectiva. Al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidos, plantea: “Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales…”. Algunos de estos DD. HH., además de constituir un fin para la humanidad, representan prerrequisitos para el desarrollo de elecciones auténticas. Conviene revisar la situación de Nicaragua en relación a estos asuntos.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) reza: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. ¿Cómo es la situación de Nicaragua al respecto? Según mi apreciación, es muy deplorable. A las personas que opinan diferente del Gobierno la vida se les complica seriamente: se vuelven mínimas sus oportunidades de trabajar en instituciones estatales, conseguir becas en las universidades estatales, o conseguir donadas unas láminas de zinc. Sandinistas a quienes literalmente les costó sangre la revolución, no escapan a la persecución cuando se atreven a opinar diferente de la dirigencia partidaria, como sucedió en la UNAN-León al doctor Rafael Salinas, que terminó suicidándose. Los directores de medios de comunicación y los periodistas saben mejor que nadie del ahogo económico y otros graves perjuicios que se derivan de expresar opiniones diferentes de la del Gobierno.
El artículo 20 de la DUDH postula: A) “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, y B) “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. ¿Cómo estamos al respecto? Nuevamente, encuentro una situación desastrosa. Personalmente sufrí agresión en una manifestación pacífica en León, cuando recibí un golpe en el pecho, que afortunadamente fue por una bolsa de aceite negro, y no una de las piedras que nos tiraban, y que sí hirieron a otros manifestantes. En otras manifestaciones, la violencia ha sido mayor. Los campesinos de la zona del canal han sido sangrientamente reprimidos en sus manifestaciones pacíficas. Estos sistemáticos actos de violencia y los perjuicios derivados de emitir opiniones adversas al Gobierno, han dejado como secuela un profundo miedo a mostrar disidencia y, más aún, a militar en un partido de oposición. Y en cuanto al segundo aspecto, es una realidad que en muchas instituciones del Estado, y en sus entes “autónomos”, pero también en las comunidades, se coacciona a las personas a afiliarse al partido FSLN, como forma de mantener sus trabajos, obtener becas y beneficios sociales. Personas lloran de impotencia al ver pisoteada su dignidad al tener que aceptar el carnet del partido y jurar lealtad al mismo, so pena de perder el trabajo que necesitan.
Con mucha razón, las Naciones Unidas dicen: “La libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y deben protegerse plenamente”, y también: “Sólo donde hay libertad de opinión y de expresión puede decirse que hay elecciones justas y honestas”.
Mientras los DD. HH. señalados sigan ausentes, cualquier elección en Nicaragua pierde legitimidad, lo que se agrava cuando en el proceso existen vicios profundos, como la falta de imparcialidad en los administradores del proceso; el uso abierto de los bienes del Estado para favorecer al partido gobernante, y otros vicios, citados por organismos competentes.
En Nicaragua, derechos humanos y elecciones auténticas deben ser nuestra estrella polar.
El autor es médico leonés.