Más de cuarenta millones de córdobas recibirá el fondo minero de Eniminas

Según Adelmo Sandino, investigador del Ieepp, este fondo 43.1 millones de córdobas reduce las asignaciones a la municipalidades, porque se reduce la recaudación de las actividades mineras en concesión

Eniminas

Organizaciones han planteado que la empresa estatal de minas tiene atribuciones que le confieren a un ministerio, y debería de ser el Ministerio de Energía y Minas (MEM). LAPRENSA/ARCHIVO

En la iniciativa del presupuesto 2018, un total de 43.1 millones de córdobas se estará asignando al fondo para la vigilancia y desarrollo del sector minero de la recién creada Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas); a pesar que nunca se creó una normativa de esta ley.

Adelmo Sandino, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) manifestó que hay una contradicción pues aunque no se le asigna un presupuesto a la nueva empresa, este fondo financia las operaciones de Eniminas.

Sin reglamento

“A la ley de Eniminas que se aprobó desde junio, en el 2018 no se le está asignando presupuesto, sin embargo se le está asignando presupuesto a un fondo de vigilancia y supervisión minera que se creó a partir de la ley 387, (Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas) cuyo objetivo es realizar acciones de fiscalización en el sector minero, lo raro o contradictorio es que se aprueba un presupuesto para este fondo y todavía no ha salido el reglamento de Eniminas”, dijo Sandino.

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La ley 953. Ley creadora de Eniminas dice explícitamente en el artículo 76: “Créase el Fondo de vigilancia y supervisión Minera, para financiar y ejecutar actividades de fomento minero, incluyendo investigación de los recursos minerales, así como para el cumplimiento de todas las funciones y atribuciones establecidas en la Ley Creadora de Eniminas, incluyendo servicios personales y no personales.Dicho fondo será administrado y reglamentado por la Junta Directiva de Eniminas”.

Eniminas participará en reserva de Eniminas

Cabe señalar, que la Ley de Eniminas regulará las áreas de reserva minera declaradas por el Estado de Nicaragua, en la cual será requerida la participación de la Eniminas. Actualmente un aproximado del 12.61 por ciento del territorio nacional apto para las actividades mineras, se encuentra reservado a favor del Estado.

Se ha criticado que las reservas mineras afectan las reservas protegidas, en especial, las zonas de amortiguamiento.

Después que se creó la empresa se nombró como presidente con rango de ministro de Eniminas a Francisco López, tesorero del Frente Sandinista, según el acuerdo presidencial 121-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del Estado del pasado jueves 24 de agosto.

Explotación minera

Las áreas que actualmente tienen concesión tanto en la parte metálica y no metálica, es un poco más de 11 mil kilómetros, además hay 1,800 en solicitudes que actualmente se están gestionando ante el Ministerio de Energías y Minas (MEM).

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Asimismo hay un poco más de 33,000 mil kilómetros cuadrados que no está permitida la actividad minera y vemos 15,000 kilómetros que son las áreas de reservas que viene obteniendo el Gobierno y es el ámbito donde estaría trabajando la empresa Eniminas.

En el fundamento de la ley, dice que para el cumplimiento de su objetivo, la Empresa Nicaragüense de Minas podrá asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato permitido por las leyes nacionales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

Alcaldías son afectadas con fondo minero

Adelmo Sandino, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) manifestó que además este fondo reduce las asignaciones a las municipalidades, “porque en el esquema anterior de concesiones mineras se establecía que un cincuenta por ciento de las regalías y otras fuentes de ingresos del sector minero se trasladaban directamente a las municipalidades pero con la creación de este fondo se le quita diez puntos porcentuales a la recaudación de las actividades mineras en concesión”.

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