Cortar un árbol no es pecado, pero si se convierte en uno sino se hace de forma sostenible, porque de esa manera se conserva el recurso forestal. Esto se ha implementado a lo largo de América Latina, y también es posible hacerlo con el bosque nicaragüense, explicó el especialista forestal Steve Gretzinger.
De acuerdo con la experiencia de Gretzinger, hay lecciones en América Latina, que han permitido involucrar a pequeños productores en la protección del sector forestal, pero para lograrlo se les debe garantizar varios componentes, pero uno de los más claves son los incentivos tangibles, que se traducen en cuánto van a ganar por su tarea de conservar el bosque.
Esto puede ser aplicable en el país, cuya tasa de deforestación anual es del seis porciento, según estimaciones del Centro Humboldt. Sin embargo, hay elementos que se deben superar; por un lado, el Gobierno no hace cumplir la ley, pero a la vez tampoco permite que se maneje el recurso, es decir, cualquiera que tenga un plan de manejo está visto como malo, “pero los malos son los que no están haciendo el plan de manejo, no están monitoreando nada y simplemente se sacan la madera y se van para siempre”, expresó Gretzinger.
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El experto insistió que ante la tala en los bosques, problema que no es exclusivo de Nicaragua, sino que es evidente en toda América Latina, en muy pocos casos va a haber un gobierno con suficientes recursos y voluntad para lograr que la gente no entre (a las áreas naturales) para sacar recursos.
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Poco o nada de incentivos
Según el especialista forestal Steve Gretzinger, quien brindó la conferencia Lecciones aprendidas: Cómo lograr la conservación y la producción forestal con pequeños productores en América Latina, por medio de la Universidad Centroamericana, los pequeños productores no manejan sus bosques porque no cuentan con las mismas condiciones como los grandes (infraestructura, capital, asesoría técnica). Asimismo, tampoco reciben suficientes incentivos.
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355,267 hectáreas de bosque latifoliado abierto se han perdido en el país desde el 2011 al 2016, según datos de la Agenda Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Nicaragua 2020.