“La Fiesta del Chivo”

El contexto específico de la novela citada fueron las sanciones económicas que la OEA había adoptado en agosto de 1960 contra Trujillo, por el atentado que el dictador había organizado pocos meses antes contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt

04/11/2017
Revolución

En la semana que termina fui invitado por el capítulo nicaragüense, del prestigioso Pen Club, a compartir comentarios con Marta Leonor González y Mónica Zalaquett, reconocidas autoras de literatura y libros de Ciencias Sociales, sobre la célebre novela del Premio Nobel latinoamericano, Mario Vargas Llosa, sobre el ajusticiamiento de Trujillo, dictador de larga duración en República Dominicana.

La novela se titula La Fiesta del Chivo, como se le apodaba al dictador quien utilizaba, en un desmedido culto a la personalidad, títulos como “Benefactor de la Patria”, “Padre de la Patria Nueva”, entre otros engolillados nombres.

Rafael Leónidas Trujillo gobernó tiránicamente a ese país caribeño entre 1930 y 1961, cuando fue ajusticiado, y su dictadura empezó a desaparecer lenta y convulsamente.

Para la preparación del evento, releí la novela histórica de Vargas Llosa, y como al mismo tiempo estoy preparando la reedición del libro que escribí sobre Pedro Joaquín Chamorro, que se presentará en enero próximo con motivo del cuarenta aniversario de su asesinato, no pude evitar las comparaciones entre las dictaduras de Trujillo y de Anastasio Somoza García, que se traslaparon durante 22 de los 31 años que estuvo Trujillo tiranizando a su pueblo, y el régimen actual de Ortega.

Hay, desde luego, circunstancias y modalidades que son diferentes, y no se trata que el régimen de Ortega sea una calcomanía de Somoza y Trujillo.

Me habían encargado, no siendo crítico literario, que me concentrara en el contexto histórico de la dictadura de Trujillo, que no era diferente al de Somoza: en plena Guerra Fría, nuestra región, en especial la cuenca del Gran Caribe, estaba plagada de dictaduras de origen militar con las cuales la política exterior de los Estados Unidos intercambiaba una política complaciente con sus regímenes despóticos, a cambio de mayor seguridad anticomunista.

Pero ya para entonces se planteó una tensión, casi tan intensa como ahora, entre el principio de no intervención y el compromiso democrático, que está en la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1948.

El contexto específico de la novela citada fueron las sanciones económicas que la OEA había adoptado en agosto de 1960 contra Trujillo, por el atentado que el dictador había organizado pocos meses antes contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien había sido elegido democráticamente después del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez a inicios de 1958.

Desde entonces se planteó la tensión entre la Doctrina Estrada (por un canciller mexicano de 1930), contra la intervención o calificación por gobiernos extranjeros del que cada país adoptaba, y la Doctrina Betancourt, que anclada en los principios fundacionales de la OEA, demandaba “no mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con gobiernos no legitimados por el voto de los pueblos y de propugnar en la Organización de los Estados Americanos que los regímenes de usurpación sean excluidos de la comunidad jurídica regional”.

¿Suena familiar y ciertamente irónico con la tensión que se ha planteado recientemente en la OEA, por el caso de Venezuela?

Entonces, en la época de Trujillo, Somoza y otras dictaduras, la ruptura de la normalidad democrática era fundamentalmente a través de golpes de Estado de naturaleza militar. Las nuevas modalidades de “golpes de Estado”, ejemplarizadas por el gobierno peruano de Fujimori en la última década del siglo XX, es decir no hace mucho tiempo, son las de gobiernos originados en elecciones democráticas y que una vez instalados en el poder comienzan antidemocráticamente a manipular leyes e instituciones para consolidar regímenes autoritarios. Tal como nos está ocurriendo en Nicaragua.

Para lidiar con esas nuevas modalidades de “golpes de Estado”, que dan curso a regímenes autoritarios, una vez restablecida la democracia en Perú este país tomó la iniciativa de la Carta Democrática Interamericana.

Mientras tanto, y en una evolución formidable de los derechos humanos, ya poco se discute la supranacionalidad de las normas democráticas, la cual ha sido incorporada incluso en tratados comerciales como los suscritos por nuestra región con los Estados Unidos y la Unión Europea.

Es en ese espejo en el cual corresponde ver a regímenes que proceden de nuevas modalidades de “golpes de Estado”, como el de Venezuela y Nicaragua, que no están legitimados por elecciones creíblemente democráticas.

El autor es economista. Excandidato a la vicepresidencia de Nicaragua.

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