Organismo financiero pide más control antilavado en Nicaragua

Organismo dice que Nicaragua tiene sectores expuestos al lavado de dinero, y es débil en el control de financiamiento del terrorismo

07/11/2017
remesas, lavado de dinero

El último trimestre del 2016, 54 por ciento de los envíos llegaron mediante remesadoras. PRENSA/ARCHIVO

Además de no combatir con efectividad el terrorismo, Nicaragua tiene graves debilidades de fiscalización y control en varias actividades económicas que son apetecidas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, alertó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su última evaluación mutua aplicada al país, cuyos resultados fueron avalados por la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La comercialización de oro, compra-venta de vehículos nuevos y usados, arrendadoras financieras, algunas instituciones de microcrédito, el negocio de bienes raíces (incluida la construcción) y las transferencias electrónicas, son algunas de las actividades económicas que el Gafilat identificó como focos de riesgos para el lavado de dinero en Nicaragua dado a la falta de un supervisor.

“En particular, preocupa la proliferación de actividades de remesas y cambistas fuera del alcance del régimen Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), dado que los emisores de remesas son emigrantes procedentes de las zonas rurales donde existen bajos niveles de bancarización y las remesas son el medio más utilizado para el envío de fondos. El uso intensivo y pocos controles pueden facilitar la integración del dinero ilícito en la economía de Nicaragua”, señaló el organismo en su reporte de 176 páginas.

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Y es que en el último trimestre del 2016, 54 por ciento de los envíos llegaron mediante remesadoras y el 82 por ciento de las remesas que se enviaron desde Nicaragua se hicieron a través este mismo canal.

Los resultados de esta evaluación se derivan, entre otras medidas, de una visita técnica que un equipo del Gafilat realizó a inicios de este año a Nicaragua para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Es de interés del Gafilat que haya mayor control en las cooperativas de ahorro y crédito, porque aunque por ley estas deben ser sujetas de fiscalización por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de las 280 que existen en el país, solo 36 están registradas y controladas. Las siete empresas de arrendamiento financiero y factoraje tampoco están sujetas a supervisión por la UAF, que es la encargada de detectar operaciones sospechosas.

Más y mejores leyes

“Nicaragua requiere un marco legal e institucional para la regulación, monitoreo, fiscalización y sanción de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (salvo los casinos y salas de juego) y OSFL (Organizaciones Sin Fines de Lucro)”, insiste.

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Los riesgos de actividades ilícitas son de tal magnitud que en la mira también están las profesiones no financieras designadas, como los abogados y los contadores públicos. Al respecto, el Gafilat señala que es de especial preocupación la falta de fiscalización en profesiones como “abogados y notarios, que no están dentro del sistema preventivo es una debilidad relevante en el contexto de la posible creación de empresas y sociedades de fachada al igual que el uso de testaferros, para la colocación, estratificación e incorporación de ganancias ilícitas”.

Y si bien, en los últimos años se han hecho decomisos de bienes vinculados con las actividades del lavado de dinero u otras actividades ilícitas, el Gafilat señala que frente a otras amenazas en otros sectores como las antes mencionadas no “hay evidencia de que las autoridades prioricen y realicen investigaciones financieras paralelas”.

Débil con el financiamiento del terrorismo

El organismo observa que “Nicaragua no ha procesado ningún caso de Financiamiento del Terrorismo (FT). La tipificación del delito de FT tiene deficiencias que afectan la capacidad de las autoridades para identificar, investigar, procesar y sancionar este delito, así como la comprensión adecuada de los riesgos”.

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Al respecto indica que el sistema legislativo de Nicaragua no sanciona el financiamiento del terrorista individual y tampoco a nivel penal se cubre “el financiamiento de un viaje de individuos que viajan con el propósito de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas o proporcionar o recibir entrenamiento terrorista”.

Difícil obtener información

Además de mejorar el trabajo, coordinación y el intercambio de información entre el Ministerio Público y la Policía Nacional con otros entes, el Gafilat urgió a asignar mayor recursos a la UAF para que esta pueda aumentar su disponibilidad de personal capaz de desarrollar estudios estratégicos, elaboración de alertas y tipologías actualizadas de nuevos sectores para prevenir y combatir las actividades ilícitas en Nicaragua.

Y muestra del bajo alcance de la UAF es que desde que se creó a finales de 2012, en total ha recibido 1,212 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de las cuales 61 por ciento provienen del sistema bancario; el 13 por ciento del sector de sociedades financieras y el 19 por ciento del sector de empresas de remesas.

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“Lo anterior indica que el 93 por ciento provienen solamente de tres sectores (bancos, sociedades financieras y remesas), y un siete por ciento de otros sectores (seguros, cooperativas e Institución de Microfinanzas)”.

“Es de notar que en el resto de sectores el envío de ROS ha sido mínimo y en el caso de las casas de cambio no se ha recibido ningún ROS…”, precisa.

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