El Ministerio español de Hacienda denunció al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsejeros ante el Tribunal de Cuentas para que se investiguen los costes del referéndum ilegal de “autodeterminación” del pasado 1 de octubre y se les reclamen, en su caso, las “indemnizaciones procedentes”.
Según confirmaron fuentes del Ejecutivo, el ministerio de Hacienda envió un escrito a la Fiscal del Tribunal de Cuentas para pedir que se aclare el uso de fondos públicos en esa consulta inconstitucional.
La Hacienda española pide a la Fiscalía que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el anterior gobierno catalán -destituido por el Ejecutivo central el 27 de octubre- para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto costó.
En concreto, se quieren aclarar todos los fondos públicos destinados a tal fin, incluidas las subvenciones que recibieron las entidades sociales independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y médium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas.
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Según las autoridades españolas, el papel de éstas en la promoción y organización del referéndum “parece evidente a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación”.
Una vez que se determinen los perjuicios para el erario público, el Gobierno plantea que se reclame a los exgobernantes independentistas catalanes “las indemnizaciones procedentes” tras el correspondiente “procedimiento de responsabilidad contable”.
Otra investigación
Otro expresidente catalán, Artur Mas, y varios de sus exconsejeros ya tienen abierto un expediente de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas por organizar una consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014.
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En este caso, el órgano fiscalizador español fijó una fianza de 5.2 millones de euros (unos 6 millones de dólares) para Mas por el desvío de dinero público, de los que hasta ahora ha depositado 2.2 millones de euros (2.5 millones de dólares).
Preparado para ser extraditado
Puigdemont aseguró este martes que está “preparado” para ser extraditado a España y que es consciente de que tanto él como los cuatro exconsejeros pueden “acabar en prisiones españolas”.
“En ningún momento hemos eludido ninguna responsabilidad”, dijo en una entrevista a la emisora Catalunya Radio desde Bélgica, en la que resaltó que acudieron “voluntariamente ante la justicia belga” tras la euroorden de detención dictada por la Justicia española.
Según el expresidente catalán, su estancia en Bélgica responde a una estrategia de “internacionalizar al máximo lo que está pasando” en Cataluña, una causa que -a su juicio- es “de derechos humanos y de democracia” y que “abre unos focos que ayudan a los compañeros encarcelados en España”.
“Se trata de poder administrar de la mejor manera posible la defensa de nuestros derechos, no los individuales, sino del Gobierno de Cataluña”, consideró Puigdemont, quien entiende que “si disponemos de unos días o unas semanas para poder hacer lo que estamos haciendo, lo debemos de aprovechar”.
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“Todo esto acabará en los tribunales internacionales, acudiremos a ellos, llegaremos hasta el final y el Estado español pasará verg enza”, auguró el expresidente catalán, quien resaltó: “hemos venido al corazón de Europa, nos hemos dirigido al mundo, y el mundo escucha”.
El político catalán explicó también que si su gobierno no implementó la declaración de independencia y no hizo efectiva la proclamación de la autodenominada “república catalana” fue debido al temor a que la respuesta del Estado provocara “una oleada durísima de violencia”.
El problema de fondo es que hay “un Estado que sabe que sólo puede ganar si es fuera de la democracia, porque a través de la democracia nosotros hemos ganado siempre”, consideró.
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El expresidente catalán reclamó asimismo la necesidad de una lista única del independentismo catalán para ganar las elecciones regionales del 21 de diciembre a fin de rechazar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que fue destituido tanto él como su Gobierno por el Ejecutivo de Madrid. Solo así, dijo, se podrá “recuperar la democracia”.