El uso de redes sociales forma parte de la vida cotidiana de las personas, ya sea para actividades banales, de entretenimiento, fuente informativa, promoción de imagen o como medio para investigar o acosar a una persona.
Sin bien es cierto, Nicaragua es de los países con mayor analfabetismo digital en Latinoamérica, también lo es que el acceso a internet es una herramienta de útil para garantizar elecciones libres.
Pero, ¿es el acceso a internet un derecho humano? La respuesta pareciera obvia, pero no lo es tanto, pese a que fácilmente se puede encontrar información sobre la ONU y el derecho de acceso a internet, la naturaleza de estos documentos (soft law) no lo configuran como un derecho humano autónomo desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto significa que para que sea un derecho humano, debe estar reconocido como tal en la legislación de un país o bien debe desdoblarse de la interpretación del alcance de la libertad de expresión.
La libertad de expresión comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir información u opiniones por cualquier medio. Cualquier medio es justamente donde entra internet, no solo para difundir información u opiniones, sino también desde la dimensión colectiva de la libertad de expresión, lo que implica que las personas tienen derecho a informarse en internet. Por tanto, el acceso a internet potencializa el ejercicio de la libertad de expresión y como tal, garantizar su acceso es una forma de garantizar la libertad de expresión.
La Declaración Conjunta de Libertad de Expresión e Internet que hicieron el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión; la Relatora Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión; el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de la Unión Europea; y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el 1 de junio del año 2011, destaca la obligación de los Estados de promover el acceso a internet y afirman qué: “Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.
El acceso a Internet permite la difusión de las diferentes propuestas de los candidatos y garantiza el derecho de los electores a conocer las mismas. En igual sentido, las redes sociales, blogs y medios digitales contribuyen a denunciar anomalías y elementos en general que atentan contra el principio de elecciones libres, pero no es lo único que se puede hacer.
En experiencias latinoamericanas, para la realización de un conteo rápido, se habilita un sistema donde funcionarios de órganos electorales, ubicados en los centros de votación, alimenten una base de datos que incluye fotografía del acta de escrutinio. Este mecanismo también puede ser utilizado por representantes de partidos políticos y observadores electorales en los centros de votación. El votante puede contrastar el resultado publicado en su centro de votación con el oficial o los paralelos, convirtiendo el acceso a Internet en una herramienta que transparenta la elección.
Es trágico que el régimen de Daniel Ortega nos robe nuestro derecho a elecciones libres, es igualmente trágico que su insistencia en permanecer en el poder nos vuelva una sociedad primitiva, donde el debate público es recuperar nuestro derecho al voto y no cómo perfeccionar la democracia o resolver los problemas estructurales del país.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
