Por solo 249 votos de diferencia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) habría conseguido la alcaldía de Rancho Grande, según los últimos datos publicados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que excluyen información de cinco Juntas Receptoras de Votos (JRV), que, según opositores, revertirían el resultado de las votaciones en ese municipio del departamento de Matagalpa.
Según las cifras publicadas por el CSE, María Isabel González y Juan Zeledón habrían sido designados por segundo período sucesivo en los cargos de alcalde y vicealcalde, respectivamente, con 4,210 votos. En cambio, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) habría alcanzado 3,961 votos.
Carlos Siles Otero, candidato a alcalde por el PLC, se declaró “alcalde oficial electo por el pueblo de Rancho Grande” y acusó diversas anomalías ejecutadas por el oficialismo para despojarle del triunfo electoral.
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El presidente municipal del PLC, Jaky José Blandón Guido, aseguró que su partido obtuvo 4,993 votos y el FSLN 4,552 votos, basados en las actas de las 54 JRV que funcionaron en el municipio, de las cuales tienen copias.
Las actas pendientes
Los datos del CSE excluyen los resultados de los centros de votación habilitados en las escuelas de La Esperanza, San José (de Kuskawas) y Unión Panamericana, donde funcionó una JRV en cada uno; así como los datos de las dos JRV que funcionaron en la escuela de San Antonio de Kuskawas.
Según las actas de escrutinio de esas cinco JRV, de las cuales LA PRENSA obtuvo copias, el PLC habría obtenido 755 votos y el FSLN 192, lo que dejaría a los liberales con un total de 4, 716 votos en el municipio y el FSLN obtendría 4,402 votos, una diferencia de 314 votos.
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A través de su representante legal en Matagalpa Rosa Amelia Montenegro, el PLC interpuso el correspondiente recurso de revisión ante el Consejo Electoral Departamental.
Secuestro y represión
Joseling del Carmen Soza González, presidenta de mesa en una JRV de la escuela de San Antonio de Kuskawas, todavía tiembla asustada al contar con detalle los ultrajes de los que fue víctima, en la madrugada del lunes 6 de noviembre, cuando policías y funcionarios electorales querían despojarle del acta de escrutinio para impedir que la entregara en el centro de cómputos municipal.
Igual le tocó pasar a Yelba Azucena Guillén, quien presidió una JRV de la escuela en San José de Kuskawas. Ambas mujeres debían viajar en la misma ruta designada para el traslado de los materiales hacia el centro de cómputos. Pero, a la medianoche, después de las votaciones, comenzó la represión contra ellas.
Soza contó que le ofrecieron 15,000 córdobas por el acta de la JRV y después, durante el traslado hacia el centro de cómputos, “nos hicieron tres paradas en el camino, diciéndonos que entregáramos las actas, porque si no lo hacíamos nos iban a echar presos”.
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Bajo amenaza de llevarlas directamente a Matagalpa, la patrulla policial en la que llevaban a Soza y Guillén desvió la ruta del material electoral hacia el empalme El Comején, adonde llegó el presidente del Consejo Electoral Municipal (CEM), Ismark Daniel González, a continuar con las amenazas y exigiendo las actas.
Las mujeres se negaron y las llevaron a la Colonia Agrícola, con dirección a Matagalpa, donde “el capitán (Eddy Blanco) le ordenó a los policías que nos quitaran los papeles a la fuerza”, relató Soza, indicando que Jaure Isaac Mendoza Zeledón, primer miembro del CEM llegó a defenderlas. A ellas las dejaron “botadas” en el sitio, pero a él se lo llevaron a Matagalpa.
Mendoza contó, por su parte, que cuando llegaron al empalme San Francisco, cinco kilómetros al norte de Matagalpa, presuntamente un funcionario le habría ofrecido diez mil córdobas por las actas de escrutinio.