Cinco personas perdieron la vida durante los violentos disturbios que estallaron después de las votaciones municipales del domingo pasado. Cuatro de ellos eran ciudadanos opositores y el otro miembro del partido que detenta el poder.
La causa de estas muertes y de las demás consecuencias lamentables de la violencia política desatada después de las elecciones, ha sido la falta de transparencia de todo el proceso electoral, no solo el 5 de noviembre.
Más de 180 anomalías y abusos del partido en el poder y del Consejo Supremo Electoral fueron denunciados por algunos partidos participantes en las elecciones, pero sobre todo por el organismo cívico independiente denominado Consorcio Panorama Electoral.
Las elecciones son el mecanismo de la democracia que permite cumplir la regla de oro de que únicamente debe gobernar quien tenga derecho de hacerlo. Este derecho se obtiene por medio de elecciones justas, competitivas y transparentes, certificadas por observadores electorales creíbles e independientes, nacionales y externos.
Quien gobierna porque se arroga esta facultad mediante el uso de la fuerza y de tramposas componendas para la repartición del poder entre cúpulas de partidos que actúan más como bandas depredadoras que como intermediarios de los ciudadanos, es simplemente un usurpador.
En los países donde las elecciones son transparentes, el partido de gobierno no abusa de esta ventaja y los comicios son organizados por funcionarios independientes y de reconocida honestidad —por ejemplo Costa Rica— jamás ocurren actos de violencia antes, durante ni después de las votaciones y escrutinios. En cambio, donde los procesos electorales son viciados y las votaciones amañadas —como en Nicaragua—, la violencia electoral es inevitable y recurrente porque no siempre los perjudicados se resignan ante los abusos de poder.
Es una hipocresía política hacer llamados a la tranquilidad, la paz y la sumisión franciscana, desde las alturas del poder, mientras se utiliza un sistema electoral fraudulento y corrupto, que no permite que la voluntad ciudadana se manifieste auténticamente en las urnas electorales.
La verdadera paz, no la de los sometidos sino la de la gente libre, se basa en la justicia y la libertad, incluyendo la justicia electoral y la libertad de votar por cualquier candidato o por ninguno. El camino hacia el futuro que deben recorrer los nicaragüenses no es el de adaptarse y someterse a un régimen dictatorial y corrupto, por cobardía o beneficios económicos. Por el contrario, es el camino de la lucha por recuperar la institucionalidad democrática republicana, que incluye en primer lugar la celebración de elecciones transparentes y justas para garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder.
El organismo cívico independiente Consorcio Panorama Electoral, al denunciar las anomalías en los comicios municipales del 5 de noviembre demandó que se someta a juicio a los magistrados electorales, “por expresa violación a la ley”. Está bien pedir ese acto de justicia y ojalá se pudiera lograr. Pero el verdadero culpable de los abusos electorales y, por lo tanto, de la sangre derramada, es quien está detrás de todo esto, la persona que ha falseado el sistema electoral y desmantelado la institucionalidad democrática de Nicaragua, para perpetuarse en el poder por medio de elecciones fraudulentas, el chantaje político y la intimidación de los ciudadanos.
