Róger Castaño, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), capítulo Miami, lamentó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 5,300 nicaragüenses a partir del 5 de enero de 2019.
Estados Unidos otorgó el TPS, en 1999, a miles de hondureños y nicaragüenses tras la devastación causada por el huracán Mitch, a su paso por ambos países.
Castaño dijo que la medida afectará a personas trabajadoras que han hecho su vida en Estados Unidos, tras casi dos décadas de permanencia.
“Han creado sus familias, tienen hijos nacidos en este país, tienen empresas, han comprado casas y han pagado sus impuestos, es una situación muy dura”, afirmó el representante de la CPDH.
Sin abogar por migrantes
Castaño afirmó que el Gobierno de Nicaragua no abogó por sus connacionales. “Se quedó callado, no le interesó el destino de más de cinco mil nicaragüenses que están amparados con TPS, al Gobierno de Nicaragua no le interesan los nicaragüenses en el exterior”, aseveró Castaño.
La medida de EE.UU.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, dijo que el Gobierno de Nicaragua no solicitó la extensión del estatus actual de TPS. También dijo que la decisión de otorgar otros 12 meses es para permitir que los nicaragüenses tengan una transición ordenada antes que la designación termine el 5 de enero de 2019.
Castaño, junto con el director de la CPDH, Marcos Carmona, solicitó al Gobierno de Estados Unidos extender el TPS para nicaragüenses y la aprobación de una Reforma Migratoria.
El representante de la CPDH dijo que existe la esperanza que el próximo año pueda ser aprobada una Reforma Migratoria, debido a que algunos congresistas y senadores trabajan en ese sentido, insistió.
Analistas opinan
El político opositor Mauricio Mendieta dijo a Efe que el Gobierno debió abogar por la extensión del TPS para evitar que los nicaragüenses indocumentados enfrenten el riesgo de ser deportados.
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“El Gobierno de Nicaragua siempre destaca una bonanza económica en el país, con altos índices de empleo, como si fuera el paraíso terrenal, a lo mejor eso lo tomó en cuenta Estados Unidos, pero eso es una burla, porque es el sector informal el que evita que este país esté peor”, opinó Mauricio Díaz, otro opositor.
El excanciller Francisco Aguirre Sacasa, quien negoció el beneficio en 1998, cuando era embajador en Washington, opinó que los gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos “dieron la espalda a los 5,349 nicaragüenses amparados en el TPS”.
“No negociar una extensión fue un error garrafal del Gobierno de Nicaragua y Estados Unidos también se está equivocando, porque está demostrando un sesgo antiinmigrantes”, dijo Aguirre Sacasa a Efe.
Explican opciones legales
La abogada de Inmigración, Diana Albite, dijo que existen opciones legales para que los beneficiaros con TPS puedan obtener la residencia permanente en Estados Unidos, aunque hizo énfasis en que cada caso tiene sus propias características.
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Los beneficiarios del TPS que residan en la jurisdicción de los circuitos 6 y 9 en Estados Unidos, que comprende los Estados de Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon y Washington podrían tener la oportunidad de tramitar la residencia permanente, eso tras un fallo judicial emitido por el Tribunal de Apelaciones.
“Las personas casadas con ciudadanos estadounidenses o que tienen hijos mayores de 21 años, nacidos en Estados Unidos, podrían regularizar su estatus migratorio a través de una petición familiar”, explicó la abogada de Inmigración al ser consultada por LA PRENSA.
Medida administrativa
El exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard, valoró que esta decisión no responde a una medida política, sino administrativa-migratoria, que lleva a cabo la administración de Donald Trump; mientras el exembajador nicaragüense José Dávila lo consideró un gesto de arrogancia del Gobierno de Nicaragua ante Estados Unidos, como quien dice “no necesito nada tuyo”. Dávila destacó que “el daño lo hace (el Gobierno) a cinco mil familias nicaragüenses y en parte a la economía nacional”.
