A las denuncias de fraude durante los pasados comicios municipales se suma el encarcelamiento en contra de líderes de partidos políticos y la persecución que en algunos casos los ha obligado a huir de su localidad.
La situación empeora en algunos municipios de las Regiones Autónomas del Caribe, donde incluso el partido de gobierno está promoviendo conflictos étnicos, según los denunciantes.
Haidey Bautista Salazar, representante legal de Yatama, en el Caribe Sur, denunció que la situación más grave ocurre en Corn Island y la Desembocadura del Río Grande.
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Entre las arbitrariedades denunciadas está la captura de Hallida del Socorro Ríos Britton, quien está embarazada.
Jesica Ríos Britton y Halida Mercedes Britton, hermana y madre, respectivamente de Hallida del Socorro, denunciaron en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que pese al estado de su familiar, ella permanece detenida durmiendo en el suelo, por lo que temen por su salud, pues ha presentado amenazas de aborto.
Ambas sostuvieron que a Hallida del Socorro la acusan de ser la organizadora de los disturbios ocurridos en la isla, pese a que ella era fiscal de ruta.
La detenida es la pareja de Alejandro Casimiro Mansekiel, quien se había postulado como candidato a la Alcaldía por Yatama y este se encuentra huyendo.
CPDH: embarazada será trasladada a El Chipote
Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, informó por la tarde que conocieron que Hallida del Socorro será trasladada a las celdas de El Chipote, en Managua. “Es evidente que se le están violando sus derechos humanos”, indicó Cuevas.
Igual que Hallida del Socorro hay otros siete capturados a quienes acusan por robo agravado y como autores indirectos y destrucción a la propiedad. Otro detenido en Corn Island es el representante legal municipal y concejal regional Daniel Rivas, quien fue a presentar denuncia a la Policía y cuando regresaba a su casa simpatizantes sandinistas lo retuvieron, lo agredieron y luego lo regresaron a la delegación policial, donde lo arrestaron.
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“Esta es una injusticia, nosotros lo vemos como una persecución a nuestra gente, a nuestros líderes”, aseguró Bautista, representante legal de Yatama, en el Caribe Sur.
Sandinistas promueven odio interétnico
Agregó que la Policía Nacional protege esos actos violentos de los simpatizantes sandinistas que promueven también el odio interétnico.
En Corn Island, además de Casimiro, otros han huido por temor a ser capturados, una de ellas es la vicealcaldesa de Corn Island, Cristina Morris, y el presidente municipal, Roberto Picado, de quien no saben nada.
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En Corn Island fueron 15 casas las destruidas “y no hay ningún preso por esos actos, mientras que nuestros líderes y autoridades han sido perseguidos o encarcelados”, criticó Bautista. Mientras la situación de violencia en la Desembocadura del Río Grande continuó este jueves en Karawala, cuando seguidores sandinistas “se armaron” e incursionaron en la Alcaldía dañando puertas y agredieron a dos de los trabajadores.
Fraude y robo
Por su parte, Róger Araica, candidato por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) a la Alcaldía de El Rama, denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el fraude que se registró en su municipio.
Mencionó como ejemplo que en las Juntas Receptoras de Voto (JRV) de 400 votantes solo aparecían registrados entre 30 y 40 de sus simpatizantes.
Fredy Aragón Orozco, fiscal del PLC, relató que a eso de las 11:00 p.m., del 5 de noviembre, los miembros del Ejército que los trasladaban en un camión, los engañaron diciéndoles que habían recibido órdenes de verificar la existencia de unas bandas armadas antes de llegar a Wapí, El Rama.
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“Nos apearon a todos del camión, después nos tomaron fotos y después se montaron en el camión y se van con todas nuestras maletas, nuestros bolsos”, relató Aragón. Luego las maletas aparecieron en la Policía de El Rama “regadas como si eran basura”, expresó Orozco.
El material electoral que trasladaban nunca llegó al Centro de Cómputo, por tanto esas actas no fueron incluidas en el sistema, dijo Araica, quien estima unos 300 votantes que no fueron registrados. “Fueron desaparecidas totalmente y esa desaparición estaba en manos de miembros del Ejército y de la Policía. Todavía no nos han dado ningún informe con detalle, con argumentos reales de dónde están esos resultados y ese material electoral”, sostuvo Araica.
Se trata de las Juntas Receptoras de Votos 510-01, 531-01 y 531-02 que reclaman que sean incluidas y le darían el triunfo a Araica.
Denuncia es calificada como grave
El funcionario del Cenidh, Juan Carlos Arce, recordó que el Cenidh había advertido desde un inicio que el proceso electoral no respetaba las condiciones mínimas para que se respetara el derecho de los ciudadanos.
Arce consideró muy grave la denuncia de liberales de El Rama que señalan a miembros del Ejército y de la Policía “como instrumentos activos para la realización del fraude”.
Las tres JRV que mencionan los denunciantes que se llevaron los miembros del Ejército y la Policía no aparecen registradas por el Consejo Supremo Electoral, dijo Arce. “Para nosotros es llamativo, preocupante que el Ejército y la Policía se hayan prestado a la realización de este enorme fraude, que es un delito”, sostuvo Arce, quien consideró que en el país se ha dado una violación masiva de derechos humanos.
Indicó que también han recibido denuncias similares en Rancho Grande, Matagalpa, donde señalan a la Policía “de cara a resguardar el secuestro de maletas electorales en el Centro de Cómputo”.