La protección del medioambiente, no sólo de palabra sino real y práctica, requiere varias cosas. Una de ellas, importante pero poco valorada y analizada, es la creación de tribunales ambientales especializados en impartir justicia ambiental.
¿Por qué a Nicaragua le conviene tener un tribunal ambiental? En primer lugar el medioambiente no es cualquier cosa. Es la base material de la vida. No podemos permitir que su destrucción sea vista como algo secundario, sin consecuencias. Si lo daño no pasa nada, lo puedo seguir haciendo impunemente. No. La justicia tiene que actuar para la tutela efectiva del ambiente pues al hacerlo protege la vida misma y la salud de la naturaleza y de la comunidad.
En segundo lugar los grandes principios ambientales consignados en nuestras leyes requieren con urgencia ser reforzados con normas procesales y decisiones judiciales que sienten jurisprudencia. Esto permitirá la efectiva aplicación de la ley en los procesos donde se resuelvan controversias ambientales.
Como señala el juez brasileño Antonio H. Benjamín, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, durante las presidencias de Henrique Cardoso y Lula da Silva: “Las particularidades de cada país, de cada ecosistema requieren de respuestas jurídicas distintas, pero informadas con la utilización cuidadosa de principios básicos del derecho ambiental, tales como el principio precautorio, el de consentimiento previo informado, el principio 10 de Río de Janeiro y otros principios emergentes como lo son el de la resiliencia, el de la no regresión y el in dubio-pro natura, entre otros”.
En otras palabras, la aplicación de las normas jurídicas ambientales exige conocimiento especializado. La falta de este conocimiento durante un juicio puede resultar en que se cometan injusticias por la inexperiencia de los juzgados comunes en cuestiones técnicas propias de esta rama del derecho. En cambio los tribunales ambientales están facultados para desarrollar análisis que permiten relacionar las distintas leyes ambientales como un todo integrado. Esto no ocurre con los tribunales ordinarios que no se encuentran capacitados para actuar de esa manera.
Se estima que a nivel mundial existen unos 350 tribunales ambientales ubicados en 41 países. En Latinoamérica hay ricas experiencias en jurisprudencia y en tribunales ambientales que nos pueden servir de ejemplo. En la vecina Costa Rica funciona desde 1997 el Tribunal Ambiental Administrativo que con solo 22 funcionarios ha logrado poner en la agenda pública del país el grave problema del daño a los recursos naturales. En el período 2008-2014 este tribunal procesó más de 3,000 casos, emitió más de 13 mil resoluciones y más de mil actos finales.
Chile es otro país latinoamericano que cuenta con tribunales ambientales. Se han formado tres a partir del año 2012. Cada tribunal está constituido por tres jueces, dos de los cuales son abogados y el tercero un profesional de ciencias con especialización en medioambiente.
Otro país importante de señalar es Brasil. La doctrina ambiental brasileña se ha destacado por sentencias que han sentado precedente en la región. Un ejemplo fue la condena criminal de una persona jurídica por daños al medioambiente. En este caso se trató de una empresa minera y cuya sentencia condenatoria en 2004 fue la primera de su tipo en Brasil y en América Latina. Cabe también resaltar a Panamá en donde se dictó en 2009 una sentencia pionera por la Corte Suprema de Justicia que aplicando el principio precautorio limitó la instalación de antenas de telefonía celular, por sus posibles daños a la salud a causa de los campos electromagnéticos.
No hay que dejar de mencionar el conocido “Fallo Mendoza”. Esta sentencia considerada un hito sobre cómo hacer efectivos los derechos ambientales, fue dictada en junio de 2006 por la Corte Suprema de Argentina la cual condenó por daños y perjuicios al estado nacional, a la ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas privadas por la contaminación ambiental del río Matanza.
En el mundo, los tribunales ambientales son cada vez más reconocidos por sus logros, pero sobre todo por su potencial en la búsqueda de un desarrollo ecológicamente sostenible. En Nicaragua también los necesitamos.
El autor es ecólogo.