La práctica política en Nicaragua es, en cierta forma, la repetición de los mismos o muy parecidos problemas y la consecuente dificultad de consolidar la democracia y el Estado de Derecho.
Esto se debe a la ausencia de un conjunto de valores que conforman una cultura formada en el ejercicio de la libertad política individual y colectiva, en un contexto caracterizado por la subordinación del poder a la ley y el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Cuando revisamos la historia política de Nicaragua y su realidad presente, nos encontramos con una sociedad desunida que tiende a la confrontación o a la indiferencia, particularmente cuando está frente a un hecho político significativo y de carácter inmediato.
Además de las manifestaciones específicas, propias de cada caso particular, habría que señalar que estos hechos evidencian un fenómeno más profundo que les trasciende y que es la falta de unidad e integración que debe caracterizar a la sociedad.
Convendría recordar, más allá del hecho concreto, que toda sociedad está compuesta por la convergencia de dos elementos complementarios: el cuantitativo que es el grupo de personas que conforma una colectividad, y el cualitativo, que son los valores y principios, el ethos, la ética, que define su propia identidad.
La característica, casi permanente, de la fragmentación de la sociedad nicaragüense, nos indica la ausencia de un cuerpo de valores que le confiera identidad y que realmente haga de esta comunidad en el plano político una verdadera sociedad.
Junto a lo anterior, se hace sentir también, la ausencia de una cultura que entienda al poder como el ejercicio de lo que la ley faculta; a la ley, como el mecanismo que establece un sistema de límites a su ejercicio, y a las instituciones, como el cauce a través del cual debe discurrir su práctica y realización.
La falta de una adecuada percepción del poder, los valores y el Estado de Derecho, ha conducido a una actuación en la cúpula del sector político, que no favorece el ejercicio democrático y afecta a la sociedad en su conjunto.
Esto obliga a un análisis de la cultura política nicaragüense y a un esfuerzo educativo que contribuya a reafirmar valores que den paso a una cultura de la legalidad, la legitimidad y el Estado de Derecho, como el contexto en el cual puede surgir y desarrollarse una verdadera práctica democrática.
La historia del Estado nicaragüense es, más que nada, la historia del poder. Las instituciones no han sido la fuente del poder ni el ámbito de su legitimidad, sino un instrumento para transformar sus abusos y excesos en formas y actuaciones aparentemente justificadas.
Las características históricas del poder y las instituciones en nuestro país han estado determinadas por la idea y la práctica de que las instituciones y las leyes son instrumentos al servicio de quien gobierna, proyecciones del poder personal cuya función esencial consiste en legitimar y dar visos de legalidad a sus propias decisiones.
No obstante, hay que recordar que las instituciones son creaciones de la voluntad general, expresión de esa voluntad reflejada en ellas para organizar la vida colectiva y dar solución a los problemas que le corresponden.
El orden social debe garantizarse mediante la adecuada regulación jurídica, a través de la estructura institucional. La libertad misma, en tanto valor fundamental político, jurídico y social, es la armonía de la voluntad individual y la voluntad colectiva. Es ese el sentido más preciso de la transformación de la libertad natural en libertad civil, de la que habla Rousseau en el Contrato Social.
La acción ciudadana en defensa de la libertad es esencial, pues quien la practica reivindica sus derechos fundamentales, y en esa acción se reafirma como persona libre que no acepta los límites autoritarios impuestos por el poder, ni la mutilación a ese valor fundamental que es la libertad. La libertad es también en su forma originaria, la lucha por la libertad y por los derechos, valores y principios que conlleva.
El sujeto individual reafirma su libertad en la medida en que la comunidad a la que pertenece también lo hace. Por ello la lucha social por la libertad y los valores de la colectividad es también la lucha por la libertad personal. La dialéctica del amo y del esclavo de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, sostiene que una conciencia solo es libre cuando se refleja en otra conciencia libre. Por lo que, según ese punto de vista, la libertad individual presupone la libertad colectiva y se reafirma en un pueblo libre y en una sociedad libre.
Lo anterior, sin embargo, no significa que la libertad individual está subordinada a la existencia de la libertad colectiva, sino al hecho de que alcanza su plenitud y más coherente dimensión en tanto valor fundamental, en la coexistencia de una persona libre y una sociedad libre.
La libertad, en su consideración fundamental, está referida esencialmente a la persona, de la que es un necesario elemento constitutivo. El componente histórico y social de la libertad, lejos de devaluar su ser individual, contribuye más bien a reafirmarlo, al fortalecer la relación interactiva que hay entre la persona y la sociedad.
Al destacar la condición social de la persona, se busca conciliar la naturaleza individual inherente a cada persona, con la influencia histórica y cultural que el contexto y la circunstancia ejercen de diferentes formas en cada quien. “La naturaleza del hombre es la historia”, dice Hegel, al reafirmar de esa manera el componente social de cada ser humano.
Lo importante es dejar establecida la interacción que existe entre la persona y la sociedad, pues la lucha por los valores de la libertad, la justicia, el Estado de Derecho, la institucionalidad, y todos aquellos que reafirman el concepto y práctica de la democracia, reafirman también los valores fundamentales del ser humano.
En ese sentido la política no es un ejercicio regido por la ambición y la búsqueda del poder, sino el esfuerzo por crear condiciones que permiten la construcción de una sociedad estable y debidamente organizada, en cuyo esfuerzo por establecerla, evitando el poder que violenta sus derechos fundamentales, reafirma también la persona y los valores individuales inherentes a su condición humana.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
