Apenas amanecía este domingo 12 de noviembre cuando, después de una fiesta, seis hombres murieron tras un supuesto enfrentamiento contra tropas del Sexto Comando Militar Regional (SCMR) del Ejército en la comunidad San Pablo, cerca del río llamado El 22, en la microrregión IV del municipio La Cruz de Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
Entre los muertos presuntamente fue identificado Rafael Pérez Dávila, “Comandante Colocho”, líder de un grupo que las autoridades califican como delincuencial, pero que se declaraba alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega.
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Un poblador de la zona, que pidió no ser identificado por temor a represalias, confirmó que en San Pablo “hay una casita particular donde venden ‘guarito’ (licor) barato, pero que en fines de semana realizan fiestas para que se alegre la gente ahí, tomándose sus traguitos y hacen las bailaderas ahí, entonces los ‘carajos’ (armados) estaban ahí también gozando del bailongo, del vacilón”.
“Eso empezó como a las 5:00 a.m. y duró bastante el combate”, dijo el hombre, indicando que hasta cerca de las 3:00 p.m. de ayer, el Ejército permanecía en el lugar y “aquello está en silencio porque nadie ha podido pasar a ver”.
Denuncias
Por esta razón, los lugareños tampoco pudieron saber si entre los muertos hay algún civil sin relación con el supuesto grupo de “Colocho”. Sin embargo, otra fuente confirmó después que uno de los fallecidos es “Colocho”, admitiendo que fue emboscado porque “después de la fiesta él salió buscando su ruta”, pero que el Ejército conoció sobre la ubicación del grupo por supuestas denuncias de productores de ganado y comerciantes de la zona, porque “era uno de los delincuentes pesados, era el azote de El Corozo, Apawas y otras comunidades”.
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Hasta el momento, las autoridades militares no han brindado información oficial sobre el “intercambio de disparos” en San Pablo, una comunidad cercana a Tumarín, el sitio donde está planeada la construcción de una hidroeléctrica.
LA PRENSA contactó al coronel Marvin Paniagua, jefe del SCMR del Ejército, pero el mando militar viajó este domingo a la zona del enfrentamiento —donde hay limitantes de comunicación telefónica— y ofreció brindar información en las próximas horas, en una conferencia conjunta con la Policía en Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
El tiroteo habría tardado más de 20 minutos, confió una fuente a LA PRENSA, confirmando que “hay una considerable cantidad de muertos”, pero sin precisar todavía la identidad de los mismos.
Militares le imputan varios delitos
Las autoridades policiales y militares le imputan diversos delitos a “Colocho”, incluyendo robos con intimidación, abigeato y violaciones, además de homicidios y asesinatos.
“Colocho” había asumido el liderazgo del grupo que inicialmente dirigía Enrique Aguinaga, conocido por el seudónimo de “Comandante Invisible” y que a través de múltiples videos compartidos en las redes sociales, se declaraba alzado en armas contra Ortega.
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“Invisible” murió el 30 de abril de 2016 en Palancito, jurisdicción de la comarca Wanawas, 22 kilómetros al norte de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa. En esa ocasión, el Ejército reportó un “intercambio de disparos”, aunque los familiares del rearmado aseguraron que este fue “ejecutado”.
A principios de noviembre de 2016, el grupo de “Colocho”, señalado por las autoridades de dedicarse también al cultivo y comercialización de marihuana, se enfrentó durante dos horas contra miembros del Ejército en el sector de Corozo Vega, jurisdicción del municipio de Prinzapolka, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
“Aquí hay un cuento que no cuadra”
Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de esclarecer las circunstancias de las muertes en un enfrentamiento armado. “Cada vez que se utiliza arma de fuego en una muerte, debe de haber un informe claro sobre el uso de esas armas”, agregó.
El experto en derechos humanos aseguró que esta no es la primera vez en la que las autoridades califican este tipo de enfrentamientos como “delincuencia común”. “Desde el Cenidh hemos insistido que la actividad de delincuencia común se combate por los agentes del Estado, principalmente por la Policía Nacional, a quien le corresponde capturarlos”, señaló.
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Carrión dijo que las autoridades suelen minimizar este tipo de hechos bajo el argumento de que se tratan de “delincuencia común”, pero nunca brindan informes que demuestren fehacientemente que todos los muertos tenían causas legales que legitiman el uso de la fuerza.
“Es inaceptable el silencio. Cada vez que muere una persona debería de haber un informe completo, no se diga cuando mueren seis personas, como en este caso”, agregó Carrión.
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Según el director jurídico del Cenidh, la participación del Ejército en este tipo de hechos lo único que evidencia es que ocurrió una acción militar contra grupos irregulares que los enfrentan.
“Solo así se entendería un choque armado que supere a la Policía Nacional. Están habiendo choques armados, acción militar con características irregulares, donde de los muertos se limitan a decir que se trata de delincuencia común. Ahí hay un cuento que no cuadra”, señaló.
