Al cumplirse una semana de las votaciones municipales, Haydée Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias (de las organizaciones del consorcio de observación nacional Panorama Electoral), hace un balance del proceso, sus resultados y lo que significa para la democracia de Nicaragua que volviera a fallar el sistema electoral al no garantizar el respeto al voto.
¿Estas elecciones municipales para ustedes tienen validez? ¿Por qué la cuestionan si según el Consejo Supremo Electoral participó el cincuenta por ciento del electorado?
Con el derecho que nos otorga la Constitución Política, Panorama Electoral ha dado seguimiento a las elecciones del 2016 y 2017. Producto de la observación ciudadana y del seguimiento continuo a las etapas del proceso informamos a la población que este era un proceso que no brindaba ninguna garantía de respeto al voto ciudadano. Fuimos enfáticos en decir que, al día de la elección, precedían pasos muy importantes como: la inscripción de las personas en el registro, el proceso de cedulación, de verificación, y la conformación del padrón electoral, entre otros, los cuales estaban plagados de serias anomalías, y como dice el lenguaje popular: “Por las vísperas se saca el día”. El fraude era como crónica ya anunciada, con las debidas pruebas y argumentaciones y no con simples percepciones. Ahora sí tomamos los datos del CSE, al sumar el total del padrón pasivo con el activo, nos da como resultado que la participación de la población no alcanza ni la base social que el partido FSLN reconoce como voto duro.
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¿Hubiese otro resultado si los ciudadanos hubiesen salido a votar?
Depende. Hay regiones y municipios donde la gente previamente había decidido abstenerse por la desconfianza en el proceso y en las instituciones del Estado de Nicaragua, incluido el CSE, fenómeno más presente en la capital y los centros urbanos más importantes del país o cabeceras municipales. Sin embargo, en el llamado corredor de la contra y municipios históricamente caracterizados como liberales la población desafió posibles arreglos de sus cúpulas de partidos políticos, al unirse alrededor de una sola candidatura en dependencia del candidato que gozara de mayor respaldo y allí la gente sí salió a votar. Si partimos de que quienes no asistieron a votar son personas que no tienen confianza en el sistema electoral, los datos hubiesen sido más altos en contra del FSLN. Pero, de todas maneras el sistema como tal no brinda garantías para que estos resultados fuesen transparentados y auditables, es lo más grave.
¿Al desconocer la legitimidad de los comicios no se irrespeta a quienes fueron a votar?
Quien conoce o desconoce el sufragio es el pueblo, es quien tiene la última palabra pues es y debe ser el sujeto principal de este proceso. Así estamos viendo los reclamos en Jalapa, Rancho Grande, San Miguelito, Desembocadura del Río Coco, Santa María, Wiwilí, El Jícaro, Quilalí, La Concordia, El Coral, Bocay, Corn Island, El Jicaral, Bilwi, San Fernando, Quilalí, Macuelizo, Mozonte, entre otros municipios mostrando evidencia del fraude durante la votación, el conteo y transmisión de datos. Lastimosamente cuando la institucionalidad no brinda garantías para resolver la inconformidad del pueblo por la vía jurídica y cívica (como lo señala en el informe la OEA y Panorama Electoral), asistimos a estos conflictos, que lastimosamente cuestan vidas. El pueblo se ve obligado a violentar normas de convivencia pacífica para hacerse escuchar, lo que conlleva a acciones conflictivas que ya nadie quiere vivir por la historia de violencia en este país. (…) Lo que estamos viviendo es una violencia institucional cuyo responsable es el Gobierno y la institucionalidad del Estado, porque la misma no está a la altura de sus demandas.
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¿Qué tan difícil resultó para sus observadores trabajar sin la acreditación del CSE?
No es fácil hacer observación electoral en un país donde la acción de defensoría de derechos humanos, en este caso de derechos políticos y la acción ciudadana es criminalizada y judicializada. El voluntariado que se involucró en la observación con Panorama Electoral y las organizaciones que integramos el consorcio lo hicimos de forma voluntaria, con convicción y a pesar del temor. El compromiso era presentar al pueblo una opinión verdaderamente independiente del proceso electoral, de acuerdo con la Constitución.
Este pueblo está cansado de tanta ignominia. Vemos a movimientos sociales de mujeres, campesinado e indígenas alzando su voz con un “basta ya”. Allí quizá está la esperanza de otro porvenir”. Haydée Castillo, miembro de Panorama Electoral.
Sostienen que las anomalías se dieron con el aval del CSE y demandaron incluso enjuiciar a los funcionarios. Eso es muy difícil de conseguir…
Si en Nicaragua prevaleciera una verdadera democracia y un Estado social y de derechos sería posible. (…)No obstante, a pesar de tantas denuncias tanto ante el CSE como a la OEA, ante organismos de observación independientes y organizaciones de derechos humanos al momento solo hay personas detenidas de los partidos de oposición. Entonces, mucho menos que puedan juzgar a los responsables intelectuales de dichos delitos, de manera que solo cuando haya una independencia real entre poderes del Estado y una ciudadanía activa y demandante de sus derechos y deberes, eso sería posible. Como Panorama lo demandamos porque lo peor que le puede pasar a nuestros país es naturalizar lo indebido y lo que va contra la justicia, estaríamos condenando a esta y a las futuras generaciones a una sociedad sin ética, sin valores y sin escrúpulos, lo que nos convertiría en una sociedad fracasada.
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Les pareció insuficiente el informe de la OEA, pero en este refiere a lo que ustedes plantean como es una reforma electoral
El informe de la OEA puede parecer insuficiente ante un pueblo que ha sufrido tantos duelos, tanta desesperanza y tanta traición. Sin embargo, aun cuando la OEA no expone todo lo que quisiéramos y que su lenguaje es extremadamente diplomático, logro entender que le dice, en otras palabras, al Gobierno de Nicaragua que este sistema electoral está fallido.
La presión de la OEA y de Estados Unidos parece funcionar porque Daniel Ortega aceptó hacer reformas electorales…
La historia de Nicaragua ha estado plagada de una clase política a la cual el pueblo no parece importarle. Estas demandas que ha hecho la OEA y Estados Unidos al Gobierno ha sido un clamor del pueblo, de la sociedad civil y de los movimientos sociales desde hace mucho tiempo. Pero muchas veces están más prestos a escuchar a los de afuera que a sus propios gobernados, a quienes los servidores públicos se deben.
¿Qué aspectos fundamentales deben reformarse para que este sistema sea creíble y confiable y cuánto cree que acepte Ortega?
Como lo hemos dicho reiteradas veces, Nicaragua no necesita un cambio de hombres en el poder, lo que necesita es un cambio de sistema político económico, sociocultural y ambiental. Ello pasa por la reforma total del sistema electoral tal y como lo prometió el presidente Daniel Ortega en los Acuerdos de Paz del 90, cuando se acordó que la vía electoral y del diálogo sería el camino para evitar el retorno a los conflictos. A mi criterio, el presidente Ortega aceptará dar lo que este pueblo y la comunidad internacional —con quien también tiene compromisos—, sea capaz de demandarle y exigirle. De su propia voluntad quizá no vengan las reformas, pues sería quitarse los privilegios que él mismo le ha despojado al pueblo.
¿Qué puede desencadenar la actitud del Gobierno al minimizar las protestas que denuncian fraude en varios municipios?
Pienso que esta actitud de desconocer la inconformidad que hay en varios municipios del país a causa del fraude electoral es peligrosa, ya que puede desencadenarse en mayor violencia. El Gobierno tiene un alto grado de responsabilidad en lo que pueda sobrevenir en las horas siguientes. Expresiones como que “se han perdido más vidas producto de los accidentes de tránsito” y esta indiferencia, pueden traer consigo una cultura de desprecio por la vida solo porque la otra persona piensa diferente, y eso conlleva a un mayor peligro todavía, a un nivel de sarcasmo en la política jamás visto y que pone en riesgo la paz social y duradera que queremos fortalecer y preservar a toda costa.
¿Qué consecuencias habrá si el CSE impone al FSLN en las alcaldías cuestionadas?
Pienso que “imponer tu poder” puede ser sumamente peligroso. Cuando uno se impone con la fuerza el riesgo es que pierdes la legitimidad y el respaldo del pueblo. De esa manera tu poder es impuesto, superficial, estás en arena movediza y así no hay poder que permanezca. La historia nos da muchas lecciones de que nada puede ser para la eternidad, máxime con un pueblo tan valiente e inteligente con el de Nicaragua.
