Una vez consumados los controversiales comicios municipales del 5 de noviembre y aceptados sus resultados por los partidos que participaron en ellos, y después de que las víctimas mortales de un sistema electoral colapsado por falseado y corrupto fueron sepultadas —solo recordadas por sus familiares—, se ha comenzado a hablar de una reforma del sistema electoral.
Daniel Ortega, en el mismo discurso que utilizó para insultar a monseñor Silvio Báez el miércoles 8 de noviembre, dijo que para las elecciones regionales del Caribe el próximo año habrá un sistema electoral “más perfeccionado”. Al parecer, cree que el actual sistema electoral es perfecto, pero por condescendencia lo va a perfeccionar un poco más. Sin embargo el titular del poder ejecutivo condicionó el cumplimiento de esa promesa a que la comunidad internacional le dé dinero para financiar la tal reforma electoral.
En realidad, la reforma electoral no es una idea propia de Ortega. Se trata de una recomendación contenida en el informe preliminar de la Misión de la OEA que “acompañó” los comicios en buena parte fraudulentos y finalmente luctuosos del pasado domingo 5 de noviembre.
Representantes de partidos políticos, tanto de los que participaron en las recientes elecciones municipales como de las organizaciones que las cuestionaron, se han adelantado a opinar sobre la tal reforma electoral.
Un dirigente del partido MRS y miembro del Frente Amplio para la Democracia (FAD), movimiento opositor que cuestiona el sistema político orteguista y plantea que es necesario cambiarlo, dijo a LA PRENSA que la reforma electoral es una maniobra de Daniel Ortega para ganar tiempo y “quitarse de encima” la amenaza de sanciones económicas de Estados Unidos. Y dijo que la reforma debe garantizar que se cambie el Consejo Supremo Electoral.
Sin embargo, otros políticos, pertenecientes a partidos integrados en el sistema orteguista y que por lo tanto participaron en las elecciones municipales, consideran que no es necesario cambiar el Consejo Supremo Electoral que en la actualidad está controlado absolutamente por el FSLN, con la colaboración minoritaria del PLC.
En el informe preliminar de la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA se dice que “existe espacio para fortalecer el ámbito legal, técnico, procedimental, tecnológico y humano, de los procesos electorales de Nicaragua”. Pero no especifica qué clase de reformas es necesario hacer al sistema electoral. Para Daniel Ortega, lo más seguro es que la reforma sea para hacer algunas modificaciones superficiales y no cambiar nada sustancial o de fondo. Y los partidos integrados en el sistema probablemente apoyarían la reforma de Ortega a cambio de conseguir algunos beneficios.
Los ciudadanos que quieren verdaderas elecciones, libres y limpias, tienen que demandar la transformación integral del sistema electoral, comenzando por la conformación de un nuevo Consejo Supremo Electoral con personalidades independientes, o al menos con la participación equilibrada de representantes de todos o de los principales movimientos políticos del país.
