A pesar de que la casa de campaña de Ciudadanos por la Libertad (CxL), en San Sebastián de Yalí, está ubicada contiguo a la delegación policial de esa localidad, ninguna autoridad intervino al momento que fueron atacados al amanecer del lunes seis de noviembre, que dejó un saldo sangriento de dos fallecidos y catorce heridos, seis de ellos de gravedad.
Y actualmente existe pasividad por parte de las autoridades de la Policía Nacional par investigar esos disturbios, denunciaron ante el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, el padre y el hermano de los dos fallecidos.
Ricardo Moreno, padre de Wilder Moreno y Cecilio Aguilar hermano de Alfredo Aguilar, aseguran que pese a que ambos casos fueron denunciados, la Policía no detiene a ninguna persona.
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Moreno aseguró a Cuevas que su hijo “fue asesinado por un grupo del Frente Sandinista de Yalí. Yo denuncio esa muerte que se ha quedado así”, dijo.
“No quiero que se quede así la muerte de mi hijo”, sostuvo Moreno, tras señalar “supuestamente ellos quieren que uno de se los lleve a los hechores allí”.
Esto ocurre, dicen los denunciantes, a pesar que en el poblado es del conocimiento público quiénes eran las personas del partido FSLN que portaban armas.
“Esto no se puede quedar así nomás, porque ideay un familiar duele demasiado”, explicó Aguilar, quien señaló “se puso denuncia y hasta la vez no han hecho nada”.
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El candidato ganador por CxL, Noel Efrain Moreno Talavera, tío de uno de los fallecidos, señaló también que los hechos de violencia ocurrieron ese día cuando los sandinistas conocieron que CxL les llevaba ventaja en el conteo de los votos.
Moreno Talavera asegura que en ese municipio CxL ganó con una diferencia de 1,350 votos de los obtenidos por el FSLN.
“Pedimos que se haga justicia y que esto se aclare”, demandó Moreno Talavera quien dijo que la agresión fue “a vista y paciencia de la Policía”. Y señaló que no pueden decir que no tenían agentes pues ese día habían llegado refuerzos de la delegación departamental.
Cuevas dijo que la denuncia recibida es grave, pues mencionan hechos como que ciudadanos civiles portaban armas de guerra, que son de uso restringido para la Policía Nacional y miembros del Ejército. “Los hechos se dieron casi frente a la delegación policial de Yalí (…) ¿cómo se permitió esto, por qué no hubo una captura inmediata?”, preguntó Cuevas.
Temen haya impunidad
Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, señaló que en este caso está claro que “Se vulneró el bien superior protegido por el estado que es la vida”.
Y cuando se dan hechos extremos como cuando se ha privado de la vida a una persona, “es pertinente que la autoridades policiales hagan un sobre esfuerzo por aclarar estos hechos”, indicó Cuevas. Refirió el defensor de derechos humanos que de acuerdo a la denuncia “no ha habido un interés manifiesto de la Policía Nacional de Jinotega por aclarar estos hechos tan lamentables”.
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De continuar esta situación podría haber impunidad de los dos crímenes como de los heridos. “Estamos exigiendo eficiencia estos casos”, demandó Cuevas.
