La represión ejecutada durante las pasadas elecciones municipales contra opositores alcanzó sus máximos niveles de hostilidad, dice el informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El mismo señala que el proceso se caracterizó por una alta presencia de policías antimotines y militares.
El Cenidh documentó una serie de arbitrariedades denunciadas durante el proceso electoral, como cambios en el padrón electoral, el uso desmedido de una tarjeta supletoria conocida como “la magnífica” y cambios en los resultados.
También los casos en los municipios donde hubo disputas del poder local en los que “se manifestó el poder del Ejército y de la Policía Nacional como instrumento de represión, persecución, captura y uso desproporcionado de la fuerza y técnicas policiales”, dijo Juan Carlos Arce, funcionario del Cenidh, quien leyó el informe.
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El Cenidh registra al menos cinco muertes como resultado de la violencia poselectoral, de esos hechos sangrientos hasta ahora ninguno ha sido investigado, señaló Arce.
“En ese caso nosotros estamos viendo claramente un doble estándar de la Policía Nacional, que actúa con dureza en relación con estos casos, pero cuando estamos hablando de los casos gravísimos de la privación del derecho humano a la vida de estas cinco personas, no hay ninguna persona detenida”, sostuvo Arce.
El Cenidh no solo condenó estos hechos de violencia, sino que demandó una investigación exhaustiva e imparcial que determine las responsabilidades.
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No obstante, Arce afirmó que contrario a lo ocurrido con los casos en los que los denunciantes son simpatizantes de la oposición, “sí hemos visto persecución y detenciones de personas simpatizantes de los partidos en contienda en otros municipios, por ejemplo, en San Dionisio, donde toda la estructura del Partido Liberal Constitucionalista en ese municipio está siendo procesada por delitos graves, además de procesada, perseguida”.
El informe del Cenidh señala que la falta de transparencia y los vicios del Sistema Electoral propiciaron la polarización política y la violencia que se registraron en una buena parte de municipios del país, incluso en fechas previas a los comicios, como ocurrió en San José de Bocay.
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“Se privó a la población a su derecho humano a elegir, lo que generó una alta abstención, como una expresión del rechazo a este Sistema Electoral”, sostuvo Arce.
Víctimas de la violencia electoral
Los casos de asesinatos denunciados ante el Cenidh fueron los del fiscal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Wiwilí, Elías Pineda Blandón, la noche del 5 de noviembre, en San Sebastián de Yalí y de los simpatizantes de Ciudadanos por la Libertad (CxL) Wilder Eliuth Moreno Rivera y Alejandro Aguilar, el 6 de noviembre por ataques de simpatizantes del FSLN.
Así como Gary Steven, originario de Bilwi, muerto de un disparo en la cabeza cuando permanecía afuera de su casa al momento que la Policía reprimía a la población, y Chando Smith Gadea, en Sandy Bay Sirpi.
