Padre e hijos, víctimas del Ejército en La Cruz de Río Grande

Diversas fuentes, que por temor omiten sus nombres, sostienen que una de las mujeres fallecidas y un adolescente, son hijos de uno de los alzados en armas

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Miembros del Ejército de Nicaragua. LA PRENSA/ Archivo.

Al menos tres de los seis fallecidos en la comunidad de San Pablo, municipio de La Cruz de Río Grande, correspondían a una misma familia y según lugareños, estaban alzados en armas contra el régimen de Daniel Ortega.

Mientras por segundo día consecutivo el vocero del Ejército, coronel Manuel Guevara, siguió sin responder a los señalamientos efectuados por diversos sectores en relación con el hecho. El lunes pasado el Ejército de Nicaragua aseguró que se trataba de “elementos delincuenciales”.

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Sin embargo, diversas fuentes que por temor omiten sus nombres, sostienen que una de las dos personas del sexo femenino que están entre los fallecidos y un adolescente, son hijos de uno de los alzados en armas conocido con el seudónimo del Charro, hermano de Rafael Dávila Pérez, conocido como comandante Colocho, único muerto identificado por el Ejército y señalado de ser el cabecilla del grupo abatido.

Según las fuentes, los dos jóvenes siguieron a su padre alzado en armas, ante la persecución de la que eran víctimas. Tras la acción militar, la madre de los dos jóvenes llegó hasta el lugar para reclamar los cuerpos, pero el Ejército había ordenado enterrarlos en una fosa común, según los lugareños.

Fuertes críticas a acciones del Ejército

Magaly Quintana, del Observatorio contra la Violencia hacia la Mujer de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, expresó que “lo peligroso de esto es que de hecho se está instaurando la pena de muerte en el país”.

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De no haber una investigación por parte del Ejército sobre lo que en realidad ocurrió en esa comunidad montañosa “esto queda como una masacre más” y demuestra que “estamos retrocediendo al pasado donde se mata sin ninguna justificación”, sostuvo Quintana.

La activista de derechos humanos recoge las versiones periodísticas que indican “que todos ellos (los muertos) estaban tomando en una casita y cuando ellos salen es que los masacran”. Es por eso que Quintana advierte que si a estos hechos en el campo no se les ponen fin, “aquí habrá tierra de nadie, donde el Ejército se va a seguir imponiendo y aquí habrá más sangre en este país”.

Para la abogada María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), el hecho puede ser calificado como una ejecución extrajudicial. Y la calificación de “delincuentes”, que le da el Ejército no le da derecho a la institución militar a quitarles la vida, pues en Nicaragua está prohibida la pena de muerte.

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Esta acción militar “podría ser catalogada como una ejecución extrajudicial o extralegal”, sostuvo Acosta, quien menciona que según el derecho internacional humanitario, este “sería un caso de violación a los derechos humanos, si el homicidio fue perpetrado de manera deliberada por parte de miembros del Ejército de Nicaragua”.

Debieron dejarlos en manos de Policía

Magaly Quintana retoma declaraciones del jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, que el lunes confió a LA PRENSA que llevaban nueve días dándole seguimiento, por lo que la activista de derechos humanos cuestiona: “Si los vienen siguiendo ya saben que están ahí, le toca a la Policía intervenir, detenerlos y no masacrarlos”.

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Quintana señala que es peligroso este tipo de acciones y “si esto no se detiene, en este país va a volver una guerra civil de nuevo, porque este no es el único caso, ya han habido varias agresiones de este tipo, porque si no es la Policía que masacra como en el caso de El Tuma (…) es el Ejército”.

 

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mujeres están entre los seis fallecidos que fueron sepultados en el mismo sitio por órdenes del Ejército. Magaly Quintana calificó de “aberrante que como perros se entierre a la gente”.

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