Las elecciones municipales son sinónimo de paz y democracia en la mayoría de los países del mundo, sin embargo en Nicaragua desde 2008 han significado violencia, muerte, heridos y violación a la Constitución Política y Ley Electoral, según informes presentados por partidos políticos y organismos como Ética y Transparencia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Según Ética y Transparencia, los comicios de 2008 significaron un “fraude sistemático y violaciones de extrema gravedad en materia de transparencia y sesgo que favoreció al partido gobernante”.
En ese entonces el Frente Sandinista se declaró ganador en la mayor parte de los municipios y cabeceras departamentales del país, incluyendo las consideradas de más importancia como Managua, Masaya y León.
Un pronunciamiento del Cenidh, emitido el 12 de noviembre de 2008, indica que los resultados dados a conocer por el Consejo Supremo Electoral coincidieron con lo anunciado por operadores políticos del partido de gobierno días antes de la elección.
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Los partidarios sandinistas indicaron que 135 alcaldías serían las ganadas por el FSLN, “el CSE atribuyó 134 alcaldías al FSLN, 12 municipalidades fueron asignadas a la Alianza PLI, 2 al PLC, 1 a la ALN y 3 para Yatama”.
El Consejo Supremo Electoral no publicó los resultados de las votaciones en cada Junta Receptora de Votos, lo que es violatorio a la Ley Electoral, dijo el Cenidh.
La violencia no se hizo esperar, el mismo pronunciamiento del Cenidh registra: “Violencia física y lluvia de piedras a las esposas de los candidatos de la Alianza PLC”, sin registrar fallecidos.
País envuelto en luto
En 2012 los partidos de oposición reiteraron las anomalías expuestas en los comicios anteriores, exponiendo el deterioro de la democracia y abuso de poder del partido de gobierno.
En estos comicios, Ética y Trasparencia indicó que “70 alcaldías fueron asignadas por el Consejo Supremo Electoral al Frente Sandinista de forma irregular”.
Advirtió que “en 66 municipios hubo ‘ratón loco’. El fraude causó la pérdida de entre uno y cinco concejales de la oposición en un mínimo de 66 municipios”. Agregando que al menos 198 mil ciudadanos fueron excluidos del proceso de cedulación.
Para entonces se registraron tres muertos y 22 heridos en varios municipios del país, siendo los más violentos Ciudad Darío y Nueva Segovia.
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Juan López Artola y Vidal Obando, originarios de Ciudad Darío, fallecieron en enfrentamientos entre liberales y sandinistas en la misma ciudad.
La siguiente víctima fue Ariel Reyes, quien pereció luego que los sandinistas celebraban la victoria en el municipio de El Jícaro, Nueva Segovia, relata el Cenidh en su informe de las elecciones municipales 2012.
Víctimas e irregularidades aumentan en 2017
La historia se repitió en las recién pasadas elecciones; la inconformidad entre opositores ha sido manifestada mediante distintos medios.
El número de muertos aumentó a siete, cuatro de ellos en la Costa Caribe, Gary Steven Miguel Kitler Chando, Smith Gadea, Brusli Spelman Chow y una cuarta víctima que no fue identificada por los partidos políticos.
En Yalí la población se mostró indignada y reclamaba justicia por Wilder Moreno y Alejandro Aguilar, simpatizantes del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) que celebraban el triunfo de los comicios municipales y fueron atacados con armas de fuego y morteros por militantes sandinistas, según indicaron sus familiares.
Mientras que en Wiwilí se denunció la muerte de Elías Pineda Blandón, fiscal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien fue asesinado de un disparo en la cabeza después de una trifulca.
“A mí me avisaron pasada la medianoche que teníamos un fallecido en Wiwilí, hubo un problema en la JRV 532 y la 01, que este muchacho era el fiscal de ahí de (la comarca) El Tablazo y que los encerraron en la casa de campaña y recibió ahí los disparos y la Policía no hacía nada y nos llamaron para que por favor pidiéramos ayuda a la Policía en Managua”, afirmó Martha McCoy, jefa de campaña del PLC.
El Cenidh ha documentado cada uno de estos hechos de violencia y al mismo tiempo ha demandado una investigación exhaustiva e imparcial que determine las responsabilidades individuales y colectivas en cada uno de los casos.