El abogado Gonzalo Carrión Maradiaga ha pasado más de 25 años, de los 56 que tiene, promoviendo el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Lo ha hecho desde distintos cargos en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) organismo del cual hoy es su director jurídico.
En los últimos 10 años a Carrión le han llamado la atención las muertes de campesinos en las montañas del país a manos del Ejército, a quienes las autoridades califican como delincuentes, pero que en el campo se rumora que son alzados en armas contra el Gobierno. Las últimas muertes fueron los seis campesinos que perecieron a manos del Ejército en La Cruz de Río Grande, el pasado domingo 12 de noviembre.
En esta entrevista Carrión afirma que desde el Cenidh no están en la posición para afirmar si los campesinos asesinados son delincuentes o no, pero sí que hay situaciones que llevan a dudar por el tratamiento que, tanto el Ejército como la Policía, le dan a estas muertes.
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¿Cómo recibió la noticia de estas nuevas seis muertes de campesinos a manos del Ejército?
Como un hecho sumamente grave, porque se trata de seis personas que fueron privadas de sus vidas de manera violenta y que se suman ya a varias muertes violentas, las que vendrían a ratificar de que similares hechos ya no son aislados, por el comportamiento. Incluso, impacta mucho, independientemente de que a los muertos se les atribuya ser delincuentes.
El Ejército es una autoridad en este país, ¿por qué dudar de que son delincuentes los muertos?
En primer lugar es importante tener presente de que no basta con que una institución formalmente tenga declarado eso de que son autoridad. Es más, diríamos que la Constitución Política de Nicaragua nos señala en sus artículos 97 y 98, donde establece las funciones y las misiones de los cuerpos armados, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. La propia Carta fundamental, que es la máxima ley de la República, se encarga de delimitar las funciones que corresponden tanto a la Policía como al Ejército. Cuando hablamos de autoridad uno debe de ceñirse a la Constitución, que dice, artículo 97, que la Policía Nacional tiene por misión fundamental prevenir el delito, perseguir el delito. Es a la Policía a la que le corresponde perseguir a los delincuentes llamados comunes. Los agentes del Estado y las instituciones obedecen a la Constitución, sus mandatos están así establecidos y el Ejército no es Policía y no le corresponde determinar que se trata de delincuencia común. Vemos la declaración limitada de un jefe regional militar, para darnos a entender, en tanto autoridad, no solo que le creamos, sino que están bien muertos.
Es ilegal entonces que el Ejército actúe en la montaña…
La Constitución no le autoriza de la manera que se ha hecho concreto, porque habla de que son delincuentes reconocidos, con varios delitos y le dice a ustedes en LA PRENSA que no informan por razones de seguridad. Pero él dice que hay denuncias en la Policía, en la Fiscalía. Eso no es solo ilegal, sino inconstitucional porque le corresponde perseguir delincuentes a la Policía, incluso, en este último caso, que es dantesco, independientemente que pongan que los malos son los muertos, es dantesco porque no solo los matan sino que los entierran como en fosa común, los dejan ahí tirados. Entonces, el Ejército, que tiene autoridad para portar esos fusiles no tiene autorización para matar así por así. Si dicen que son delincuentes, en este caso extremo, no se informa que estuviera la Policía en ese momento, lo que se llaman operativos combinados.
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¿Será porque la Policía no tiene los recursos para llegar a esos lugares?
Voy a recordarte un hecho que con LA PRENSA lo conocimos muy de cerca. La colega tuya, Elízabeth Romero, fue con nosotros a una comunidad que está en La Cruz de Río Grande, que se llama El Encanto, hace casi 10 años, en donde el Ejército y la Policía en un operativo combinado mataron a tres campesinos de El Encanto. Está documentado. Esa comunidad está a una hora de La Cruz de Río Grande, donde hay una unidad policial. La Constitución no autoriza al Ejército a reemplazar a la Policía. La función de seguridad interna, de capturar a los presuntos delincuentes… La Constitución además establece, en el artículo 33, de que solo son dos maneras las permitidas para capturar a presuntos delincuentes, con orden de autoridad competente, es decir, debemos de imaginar que el juez ha ordenado captura o, un invento del Código Procesal Penal, de los que hacen la ley, de que un jefe policial, que normalmente es un jefe departamental, bajo su propia responsabilidad, ordena captura porque tuvo conocimiento de que se ha cometido un delito determinado y está debidamente individualizado. La Constitución de Nicaragua no autoriza detenciones a la ciega. Si fuera el caso de los seis muertos, ahí tenía que haber una orden de captura, porque hablan de antecedentes. Son preguntas que no se respondieron y es deber de la Policía esa respuesta, y de la Fiscalía, no del Ejército. Es decir, una investigación de la Policía que concluye que Juan Pérez, fulano de tal, fue investigado, hay una orden de captura y hasta están circulados para detenérseles en cualquier lugar del territorio. Y la otra es porque en efecto se sorprende en la comisión del delito y ahí están autorizados para detenerlos, pero la persecución la está haciendo la Policía Nacional, eso es lo lógico, lo legal, y la Constitución no establece excepcionalidad, me refiero a territorial, espacial, por materia, en la que la Policía está superada y es el Ejército el que la auxilia. La Constitución dice que en situaciones extraordinarias y con autorización, que pasa por un análisis y un estudio, el Ejército podrá auxiliar y se comprende una situación en la que está rebasada la Policía, con una gran conmoción, entonces el Ejército auxilia, porque están preparados para choques militares, en donde el resultado final no es de búsqueda y captura. La Policía hace esa labor, incluso tiene una unidad de detectives que se llaman Localización, Búsqueda y Captura, que localiza primero y después te caen para detenerte. Tienen trabajos de inteligencia, diferentes maneras de inteligencia. Es más, el Ejército probablemente colabora con ellos porque hay sistemas electrónicos de seguimiento de las comunicaciones y todo eso. El resultado de esos seis muertos te demuestra que el objetivo no era detenerlos, por eso mismo la ausencia de la Policía Nacional, sino que el objetivo era matarlos. Ahí hubo un choque de naturaleza eminentemente militar y la orden era exterminarlos.
El resultado de esos seis muertos (del 12 de noviembre pasado) te demuestra que el objetivo no era detenerlos, por eso mismo la ausencia de la Policía Nacional, sino que el objetivo era matarlos. Ahí hubo un choque de naturaleza eminentemente militar y la orden era exterminarlos”. Gonzalo Carrión, defensor de los derechos humanos.
Con todas las muertes de campesinos a manos del Ejército, que tiene registradas el Cenidh, ¿qué han logrado determinar?
No en todos los casos los afectados o familiares nos los han puesto en conocimiento. Los hemos conocido a través de los medios. Algunos sí los familiares nos han compartido y podemos hablar con cierta propiedad, porque el Cenidh tiene esa característica de que tiene documentados los casos. Recuerdo recientemente el bombazo de Pantasma, y ahí hay un patrón de conducta de la Policía y el Ejército, particularmente de la Policía. El bombazo de Pantasma, el conocido caso de la mochila bomba, ahí nomasito dijo la Policía, en cuestión de minutos, casi como caso cerrado, esclarecido, no se habla más, presentaron unos chunches viejos, destrozados y con una mochila que contenía marihuana, entonces se dedicaban a la siembra de marihuana. Eso se llama golpear la imagen en el público, para hacer creer, son tres menos, cuatro menos, porque ahí desbarataron los cuerpos. Para la familia, la comunidad en la zona de Pantasma, le dijeron al Cenidh, y la gente vino acá, un sobreviviente, te dicen los pobladores cómo había un despliegue militar combinado. La población desmiente y nos dice a nosotros, nada de eso, fue una operación preparada, concebida. Y hay un hijo del señor, que trasladó la mochila, que nos logra testimoniar todos esos detalles. Y la cantidad de pobladores que nos dicen, horas antes, cómo estaba el despliegue, el dispositivo de aseguramiento de ese resultado. Tenemos el caso reciente de Ciudad Antigua, que fue el mismo día de la reelección ilegítima, inconstitucional y fraudulenta del año pasado. Ahí dijeron también, la Policía, pero así (chasquea los dedos), sin una investigación profunda, a detalle, creíble, se mataron entre delincuentes, porque dijeron que se habían agarrado con una banda de hondureños. En un dos por tres, más rápido que lo que canta un gallo, ya sabían que era una banda de hondureños y pasó un año y vos preguntás: ¿Y la colaboración y la cooperación que tienen súper estrecha con el otro Estado, siempre resulta qué? Porque a veces hacen operaciones regionales contra el delito. También la gente dijo cómo hubo movimientos en esas zonas horas antes y despuecito. En otro caso reciente, recibimos a la viuda y fuimos al lugar donde está desplazada la viuda, que nos comparte cómo a su marido militares lo llegan a ejecutar a su casa. Ella le dice levantate, a su marido de apellido Joya, lo toca y le dice el Ejército, tenemos rodeada la casa. Él se levanta con las manos para arriba, las pone detrás de la cabeza y les dice estoy rendido, déjenme encomendarme a Dios, y en esas circunstancias lo ejecutan. No solo eso, se quedan varias horas, no permiten que nadie se arrime, el cadáver ahí tirado, desbaratan los alimentos, se les llevan el ganado.
Para el Cenidh, ¿qué son esos campesinos muertos? ¿Delincuentes o tienen otro tipo de estatus?
En general, desde que se origina esa discusión de que si son delincuentes o grupos armados irregulares, el propósito nuestro no es ir a buscarlos y verificar, pero los hechos hablan por sí mismos. El punto esencial es que si son delincuentes debe haber una causa legalmente establecida, no puede ser en abstracto, por eso hablamos de individualización. Hay cosas que ponen en duda el señalamiento de delincuencia común. Si es así debe haber un expediente individualizado, cada uno con causa legalmente establecida, Policía capturando, no tiene coherencia que con grupos de delincuencia común haya un choque de naturaleza eminentemente militar, no hay propósito de detener a nadie y, aunque las autoridades digan que son delincuentes, no hay ninguna demostración de tales, porque la delincuencia común se demuestra no solo con la investigación, que debe ser creíble de la misma Policía que está involucrada, porque resulta que se constituyen como juez y parte, pero al menos investigación policial, la Fiscalía que acusó y juez que los declaró culpables. Ese caminito de esa bendita ruta de justicia no se logra demostrar, porque entonces a los delincuentes el objetivo no es probar que son delincuentes, el objetivo es matarlos. Todos son delincuentes, pero es raro que haya captura y los pongan a la orden del juez competente. Ahí no cuadra esa historia, les falta rendir cuentas. Para estos últimos seis, todos muertos ni un herido. Todos muertos ni un herido. Fue un combate de verdad, se dice que tenían cuatro AK, y esos delincuentes no dispararon. Del otro lado no pasó nada. De los malos todos muertos ni un herido. ¿Hubo levantamiento de cadáver por el Instituto de Medicina Forense? ¿Llegaron a constituirse ahí para el reconocimiento respectivo? ¿Cuántas balas tenía cada uno de esos cuerpos? ¿Cómo murieron? ¿Cuántas balas dispararon? ¿Cómo está demostrado ese combate? ¿Ya tiene un informe de eso la Policía? Ya va pasando más de una semana y a la Policía no la hemos escuchado que haya hablado con un informe que explique algo más creíble. El enterrarlos en fosas comunes te lleva a muchas preguntas. Si los muertos son los malos, ¿cómo se explica que los buenos los hayan enterrado en fosa común y no pregunten por los familiares? Porque si son archirreconocidos delincuentes, estaban bien identificados con el trabajo de inteligencia, dónde vivían, dónde se movían y las familias. ¿Qué impide a una institución que es transversal en el acto de humanismo? ¿Qué te concluye que ellos no se parecen a los malos y los tiran en fosas comunes?
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¿Nunca ha habido un juicio contra algún militar que haya matado a un campesino?
Es raro. Te recuerdo El Encanto, que la Fiscalía, por la presión tanto por la defensa de los campesinos en el lugar, vinieron hasta acá los familiares, la Fiscalía al final diríamos con desgano, a regañadientes, que un fiscal había dicho que se había tratado de una guerrita, pero al final acusaron y como una burla.
Un militar mata en la montaña y no pasa nada entonces…
Es que ahí no está el lente de ustedes, de los medios, con los sucesos, que por cualquier forma de muerte sacan la nota grotesca de un cadáver. No llega hasta ahí el escrutinio, la fiscalización. Apuestan a que, como son tan lejanos, no va a venir ninguna voz a denunciar, y como son comunidades despobladas. La viuda que te dije, a 13 minutos de donde mataron a su marido había una casita. Las casas están dispersas, pocos testigos. A la señora le dijeron en la Policía que eso era cosa del Ejército, va al Ejército, le ocupan las tarjetas de compra venta del ganado, le quitan los papeles y le dicen que se va a meter a problemas, que mejor deje las cosas así. Son problemas graves de inseguridad, porque cuando se muere una persona debe haber una investigación. Cuando se hace uso de un arma de fuego, aunque solo sea un herido, debe haber una investigación. Esta cosa que está aquí se llama Manual del Ejército (muestra un librito), el manual de comportamiento y el proceder de los miembros del Ejército de Nicaragua en tiempos de paz y en conflictos armados. Vale decir, que no se trata de conflictos armados, porque estamos viviendo en tiempos de paz y amor, entonces, ellos hablan que los militares deben de tener un informe en situaciones extraordinarias, ¿cuál es ese informe? Eso no es secreto. Un militar dijo que por razones de seguridad no podía responder y aquí no hay nada de razones de seguridad, han matado a seis personas.
¿Cómo ve que reacciona la población ante estos hechos?
La sociedad va adquiriendo, poco a poco con esa información… se está construyendo ciudadanía. La popularización de los derechos humanos, que la gente conozca sus derechos, que sepan que el militar, la persona que llega a detenerlos, tiene que mostrarle una orden de captura, adonde sea. En el contexto de estas elecciones se militarizó y siguen militarizados varios municipios. Estos seis muertos se dan en el contexto electoral, posfraude, eso lleva un mensaje. Todavía hay tensiones en varios municipios. En San José de Bocay la gente está reclamando que le cambiaron los resultados, son municipios que fueron el corredor de la guerra de los ochenta.
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¿Cómo resume el respeto de este Gobierno hacia los derechos humanos?
En Nicaragua padecemos de un sistema que está caracterizado por sistemáticas violaciones a derechos humanos.
¿Qué es lo más grave?
Dicen que en derechos humanos ningún derecho es más importante que el otro, pero por supuesto, también así lo dice la doctrina, el derecho primario de la vida, cuando se pierde ya no hay nada que decir. También cuando te van cercenando tus derechos, a la libertad individual, a la expresión, a la de poder gozar de la posibilidad de decidir cambiar el gobierno tuyo que tenés en el municipio, en la región del Caribe, la posibilidad de cuestionar en un cabildo a alguien que está abusando con el manejo del presupuesto y hacerlo sin temor a que le vayan a pasar la cuenta sea por imposiciones fiscales o por amenazas. Cuando seis personas han querido hacer una protesta en una rotonda y le llegan seis motorizados, las seis personas al descubierto y los motorizados con la impunidad de sus cascos para imponer terror.
¿Qué es lo que pasa con las personas que arrestan y los llevan al Chipote?
Ese es el caso de ahorita, que trajeron a personas de San Dionisio (Matagalpa). Lo venían haciendo desde hace ya más de dos años, con los detenidos de la mina Limón, con los de insuficiencia renal crónica en Chichigalpa.
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¿Qué significa que te lleven al Chipote?
Además de los cuestionamientos de la legalidad y del carácter inconstitucional e ilegítimo, es violación a los derechos humanos porque aquí han traído a ciudadanos y ciudadanas detenidos a 300 kilómetros, en sus comunidades, eso representan automáticamente aislamiento, que le agrega sufrimiento a la privación de la libertad. El encierro general aflicción, pero si a eso le agregas aislamiento, estar incomunicado, los familiares no tienen derecho a la visita ni que los asesore un abogado, eso es un completo despojo de los derechos. El aislamiento no es cualquier cosa. Esas traídas al Chipote son por motivaciones de carácter político o porque la persona ha cometido un delito común pero se metió con alguien de poder político o económico. El Cenidh cuestionó la reforma penal que hubo, y recurrimos de inconstitucionalidad porque ahora legalizaron la traída al Chipote y que podás ser juzgado acá en Managua.
Plano personal
Gonzalo Carrión Maradiaga nació el 10 de enero de 1961, en León. Es de Las Gavetas, una comunidad de San Felipe. Es abogado graduado en la Universidad Centroamericana (UCA).
Fue de los primeros miembros de la Juventud Sandinista y en los años ochenta cumplió dos años del Servicio Militar. “El Servicio Militar fue una etapa inolvidable en mi vida y a mucha honra”, dice. Antes, en los años setenta, había visto morir a su primo René Carrión a manos de la Guardia Nacional de la dictadura somocista.
Está casado y tiene dos hijas.
Desde inicios de los noventa trabaja para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). “(Defender los derechos humanos) es una causa social que significa para mí la retribución a la gente que no ha tenido la oportunidad de alcanzar enseñanza universitaria”, explica.
Ha sido expositor en charlas, conferencias, foros, talleres, seminarios con diversos temas relacionados a los Derechos Humanos.
