Todavía está fresca la sangre de las personas que murieron en varios lugares del país, por culpa de los abusos políticos del poder orteguista, los fraudes electorales y la represión durante y después de las recientes votaciones municipales.
Esos crímenes políticos están quedando impunes por la falta de justicia. Sin embargo los ciudadanos opositores que han sido capturados por las fuerzas represivas están siendo acusados judicialmente como criminales. La inhumanidad represiva ha llegado al extremo de que una mujer, fiscal de mesa electoral y esposa de un candidato en un municipio de la Costa Caribe Sur, estando embarazada con cuatro meses de gestación ha sido tratada brutalmente, según denuncia de la madre de la víctima.
Más de dos semanas después de las votaciones la represión continúa. El régimen orteguista ha movilizado hasta fuerzas militares para impedir las protestas en varios municipios, y para reprimirlas sin piedad en caso de que la gente se atreva a desafiar al poder dictatorial.
En particular los indígenas de Yatama, en la Costa Caribe, han sido reprimidos con saña y racismo, para robarles las elecciones ganadas después que dejaron de ser aliados del Frente Sandinista y decidieron librar la batalla electoral en sus regiones y municipios, de manera independiente.
A quienes elogiaron las votaciones del 5 de noviembre porque según ellos transcurrieron en paz, porque dicen que si murieron algunas personas no importa pues muchas más mueren en los accidentes de tránsito, y declararon que solo hubo incidentes aislados que “no han afectado en lo sustancial la voluntad popular que se manifestó en las urnas” —tal como se dice en las conclusiones del informe preliminar de la misión de la OEA—, les debería arder la cara de vergüenza ante las denuncias documentadas de los fraudes ocurridos y por la terrible represión que persiste todavía.
Pero la vida continúa y no vale quedarse lamentando las heridas. Si se acepta como válida la tesis del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de que en la actualidad de las dictaduras solo se sale por medio de elecciones, hay que luchar por una reforma del sistema electoral que permita crear esa posibilidad en Nicaragua.
Daniel Ortega, seguramente entendiendo que la gran abstención que por segundo año consecutivo se manifestó en los centros de votación ha sido una derrota política para él, o quizás para guardar las apariencias, ha prometido —sin ser específico— reformas al sistema electoral para las elecciones regionales del Caribe de 2018.
Los partidos y movimientos políticos de oposición deberían tomarle la palabra a Ortega y formar una coalición para la reforma electoral. Propuestas de reformas hay muchas y se podrían resumir en unas cuantas indispensables y viables, según los estándares internacionales de Derechos Humanos en relación con el derecho al sufragio.
Lo primordial es que el organismo electoral del Estado sea independiente de verdad, con estructuras intermedias y mesas de votaciones que no pueda ser manipulada fraudulentamente por ninguno de los partidos políticos.
Preocuparse en este momento por candidaturas para el 2021 es un disparate. Lo que se necesita es reformar fundamentalmente el sistema electoral para garantizar una competencia política justa, transparente y confiable.