La empresa privada está preocupada por el aumento en la aplicación de multas en las carreteras, principalmente con aquellas relacionadas con la suspensión de licencia, lo que ha provocado que las compañías de distribución, principalmente, tengan que recontratar personal lo que aumenta el costo de operación de estas y provoca que el trabajador quede en el desempleo.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri manifestó que volverán a insistirle al Gobierno en la necesidad de reformar la Ley de Tránsito, que implique no solo abaratar las multas sino también cambiar las sanciones relacionadas con la suspensión de licencias, debido a que la situación actual está dañando la productividad y la competitividad de las empresas.
“Todos sabemos cuál es el gran problema que estamos teniendo con el aumento de las multas, esto es un ingreso que le está costando a las personas y que está afectando a la economía. Aquí no estoy hablando solo como usuario sino también como empresa, porque al final las empresas de distribución están siendo afectadas con las multas”, afirmó Aguerri, al ser consultado por LA PRENSA sobre una propuesta de aumento en el precio del sticker de rodamiento que el Gobierno envío a la Asamblea Nacional y que luego tras la presión pública la retiró el pasado sábado por la tarde.
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“Nosotros estamos, y me adelanto a decir esto, considerando hacer una solicitud de planteamiento de reforma alrededor de lo que es la ley donde están las multas porque consideramos que hay que retomar la reducción de las multas y hay que replantearnos lo que es que te quiten la licencia por tres meses, porque estamos afectando al empleo y estamos afectando a la economía”, añadió.
Aumentan costos
“Cuál es el problema que estamos teniendo, que hay una cantidad de empresas, especialmente empresas de distribución en donde a sus conductores al quitarles tres meses la licencia prácticamente los estás condenando (al desempleo), porque al tener que contratar a otros conductores y dejar a estos fuera del empleo”, afirmó Aguerri.
El representante empresarial recuerda que el objetivo de haber aumentando el valor de las multas fue tratar de reducir los accidentes, pero ahora que ya han pasado casi cuatro años (entró en vigor en abril de 2014) es momento de valorar qué es lo que está funcionando de la reforma y qué no, con base a la realidad de los números de tránsito.
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“Nosotros sentimos que no está bien esta situación de quitar la licencia, como se está quitando, dejando a mucha gente con esa incapacidad de poder mantener su empleo, dejando a empresas con problemas serios, de tener que estar pagando liquidaciones, volviendo a recontratar personal, afectando los canales de distribución, teniendo que enseñarle de cero a los nuevos contratados, todo esto se convierte en un tema que afecta la productividad y competitividad”, afirmó Aguerri.
Además insistió en la necesidad de modernizar la señalización de las vías, al recordar que el país, principalmente en las carreteras abiertas, está funcionando con un sistema de señalización desfasado.
Transportistas molestos
Los transportistas de carga pesada también están afectados con el aumento en la aplicación de multas. Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, dijo que están alarmados por la situación.
“No estamos contentos con las multas de la Policía, porque se ha agarrado de los accidentes y los muertos para estar en todas las carreteras y lo que están haciendo es multando injustamente a la gente. Hay multas que deben aplicarlas, pero hay gente que ha sido multada injustamente”, afirmó Altamirano.
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El representante gremial dijo que quieren plantearle al Gobierno que se baje el valor de las multas.
“Sentimos que la Policía está castigando muy severamente a todos los demás conductores y claro está que la mayoría de los conductores que están involucrados en accidentes es porque andan bajo el efecto del alcohol, por esa gente nosotros tenemos que estar pagando a la Policía cantidad de plata”, señala.
“Tenemos mucha inconformidad de los conductores aquí en la asociación…Si nosotros llamaríamos a una huelga por el asunto de las multas, le aseguro que no solo tendríamos el respaldo de los transportistas sino de la ciudadanía en general ”, advierte.
“Sentimos que la Policía está dañando a las familias nicaragüenses y está incluso perdiendo la confianza que antes la Policía tenía con el pueblo”, sentencia.
Ofensiva recaudatoria
En la última semana ha sido evidente el despliegue de policías de tránsito por los corredores viales más importantes del país, siendo más visible en Managua.
La acción policial ha sido catalogada como “ofensiva recaudatoria” en las redes sociales, donde a diario decenas de ciudadanos evidencian su malestar contra los agentes de tránsito a quienes acusan de actuar maliciosamente para captar multas y no para evitar accidentes.
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Las denuncias varían: hay quienes acusan a la policía de ocultarse en las vías para multar y quienes denuncian abuso policial en el criterio de aplicación de multa y amenazas de llamar a la grúa para arrastrar los vehículos al depósito municipal.
Una de las quejas más sentidas es el abuso de los radares de velocidad en las pistas de acceso y salida de Managua, ya que se señala a la policía de actuar malintencionadamente al ubicarse en tramos donde no hay señales de velocidad evidentes o en partes donde se pasa de una señal de 60 kilómetros por hora a una hora de 45 kilómetros por hora.
Orden vino del gobierno
La ofensiva recaudatoria de la policía de tránsito se incrementó desde octubre de año en curso, cuando el gobierno pidió a la Asamblea Nacional aprobar una reforma presupuestaria para aumentar en el último trimestre del año las recaudaciones fiscales en 301.76 millones de córdobas, de los cuales se detalló que 58.67 millones provendrían de las multas de tránsito.
Desde entonces, la presencia policial en las calles con fines recaudatorios ha aumentado junto a la aplicación indiscriminada de multas de tránsito.
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Si se compara la recaudación de 2016 en el rubro de multas de tránsito, con el total proyectado en 2017, se comprueba que el incremento se dispara al pasar de 197 millones de córdobas en 2016 a 277.83 millones de córdobas en este 2017.
