Un análisis jurídico de la actuación del Ejército de Nicaragua en torno a la masacre del domingo 12 de noviembre en la comunidad San Pablo 22, del municipio de La Cruz de Río Grande, donde murieron seis personas incluyendo un niño de 12 años y una adolescente de 16, indica que la institución armada habría aplastado derechos internacionales de la niñez y otros instrumentos jurídicos de derechos humanos suscritos por Nicaragua.
El abogado Ramón Eugenio Rodríguez, catedrático universitario y máster en protección de derechos humanos, analizó para LA PRENSA el polémico caso que el Ejército presentó como delincuentes caídos en combate contra la institución.
La pregunta directa a Rodríguez fue: ¿Es jurídicamente hablando, la actuación del Ejército de Nicaragua en este caso, apegada al derecho internacional con base a los instrumentos suscritos por Nicaragua en derechos humanos?
Su respuesta es esta: “Según lo expuesto en el informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2016) de la ONU, en el contexto del mantenimiento del orden público, tienen particular importancia los requisitos de necesidad, proporcionalidad y precaución. Estos principios fueron escasa o inexistentemente acatados en el caso en cuestión (Cruz del Río Grande), o al menos, no se ha dado una explicación mínimamente convincente de ello, por parte del Ejército de Nicaragua”.
“Además, existe el agravante de la muerte de dos niños, pese a la obligación del cumplimiento del principio del interés superior del niño (artículos 9, 10 y 11 del Código de la Niñez y Adolescencia), lo cual sería expuesto este lunes 20 de noviembre a la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Esmeralda Arosemema de Troitiño), pero lamentablemente se le impidió el ingreso al país de manera arbitraria“.
“El Relator Especial se ha guiado por el principio central de que la protección del derecho a la vida tiene dos componentes: la prevención de privaciones arbitrarias de la vida y la rendición de cuentas en caso de que ocurran tales privaciones. La falta de rendición de cuentas es en sí misma una violación del derecho a la vida. La rendición de cuentas desempeña un papel central en la afirmación de la norma que prohíbe las privaciones arbitrarias de la vida. (…)”.
Ejército sigue mudo
Un día después de lo que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos cataloga como masacre del Ejército de Nicaragua, esta institución habló por medio del jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, a través de medios del Gobierno.
Este solo identificó al supuesto líder de la banda, Rafael Dávila Pérez, de nacionalidad nicaragüense
“Este delincuente se dedicaba al tráfico, cultivo y comercialización de marihuana, también al abigeato (robo de ganado), robo, asesinatos, extorsiones”, dijo el jefe militar, aclarando que en “el enfrentamiento” no hubo bajas ni heridos militares.
La patrulla militar, según el parte oficial, decomisó al grupo 4 fusiles AK, 2 escopetas, municiones para ambos tipos de armas y 20 libras de marihuana, afirmó Paniagua.
Los miembros del Ejército de Nicaragua, según la versión oficial, dieron con los seis civiles luego de denuncias recibidas de la población y persecución durante nueve días, afirmó Paniagua, quien luego explicó que los cuerpos fueron enterrados en una fosa común.
El jefe militar, sin embargo, no supo explicar los delitos y demás acusaciones que según él tenían los perseguidos: “nosotros tenemos varios casos, varias denuncias que por cuestiones de seguridad no podemos dar nombre, pero hay denuncias, tanto en la Policía como en el Ejército, de los robos y de las violaciones que estos hacían”.
Campesina desnuda versión oficial
Sin embargo, a los pocos días de la información oficial, la madre de dos de las víctimas y esposa de uno de los muertos, relató a LA PRENSA que sus dos hijos de 16 años y 12 años figuraban entre “los delincuentes muertos”.
Lea Valle Aguirre, madre de Francisco y Yojeisel Elízabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años y esposa de Francisco Pérez Dávila, denunció a LA PRENSA que antes que le mataran a su familia ella anduvo huyendo bajo acoso del Ejército, luego que su finado esposo decidiera alzarse en armas contra el gobierno de Daniel Ortega, como protesta por los fraudes electorales y la represión militar a los campesinos.
Según el doloroso testimonio de la mujer campesina, sus dos hijos no eran armados ni delincuentes, y no murieron en un combate sino que fueron capturados en una emboscada y torturados antes de ser masacrados y enterrados en una fosa común.
Mujeres también alzan la voz
Las diferentes organizacions defensoras de mujeres se sumaron a las voces que en el país exigen un esclarecimiento de la masacre ocurrida en la comunidad de San Pablo 22, sobre todo por la muerte de una adolescente de 16 años y un niño de doce años.
“No podemos dejar pasar que el Ejército de Nicaragua justificando incluso que hay crimen organizado o actividad delincuencial esté ejecutando personas al interno del país, ningun ciudadano nicaragüense debe ser asesinado, en Nicaragua no hay pena de muerte”, expresó la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez.
Y es lamentable y a la vez preocupante que el Ejército de Nicaragua no de una explicación así como que la Policía Nacional encargada de investigar cualquier tipo de muerte violenta no haya emitido informaciones claras sobre las investigaciones.
Jiménez dijo que como parte de la conmemoración del 25 de noviembre día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres “lamentamos profundamente que entre las víctimas de esta ejecución del Ejército hayan mujeres y particularmente niñas”.
Y se mostró esperanzada que organismos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) investiguen a profundidad estos hechos pues sobre este caso también hay señalamientos que víctimas como la adolescente fueron sometidos a actos de violencia sexual.
“Ese es un acto de crueldad y es un acto de lesa humanidad, lamentablemente cuando hay violencia política, cuando hay este tipo de conflictos las mujeres sufrimos y vivimos en contextos de guerra y en contexto de crisis política este tipo de actos que no solo te despojan de la vida, sino que también efectivos militares puedan someterte a un abuso sexual. Eso es gravísimo y eso creo que hay que investigarlo y hay que repudiarlo a nivel nacional e internacional”, sostuvo Jiménez.
En un posicionamiento emitido esta mañana por integrantes del movimiento de mujeres en Nicaragua con motivo de la jornada que desarrollarán en el país para conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer, las organizaciones señalan: “Nos indigna que mujeres, adolescentes y niñas sigan siendo asesinadas en conflictos políticos y que las autoridades justifiquen estos crímenes”.
“Nos indigna que el Ejército torture y asesine sin motivo ni explicación como sucedió el 12 de noviembre en La Cruz de Río Grande a seis personas incluyendo a dos mujeres, una de ellas menor de edad y a un niño de 12 años”, señala el posicionamiento leído por Ana Quiros.
Este 20 de noviembre la ONU celebra el día universal del niño y al respecto la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, recordó que la situación de la niñez y adolescencia es uno de los elementos gravísimos que caracterizan a este régimen de violación a los derechos humanos y que dejan al descubierto su doble discurso supuestamente de protección.
“Y son acciones o discursos que se contraponen con los asesinatos que están cometiendo por ejemplo, en San Pablo, último hecho increíble pero a diario se cometen violaciones y vejaciones contra la niñez”, afirmó Núñez.
