Tras una prolongada audiencia inicial, este martes 21 de noviembre, hubo llanto y desmayos en el clamor de justicia entre familiares de ocho hombres que son procesados en Matagalpa por delitos comunes, pero que están relacionados con la violencia electoral en el municipio de San Dionisio, proceso que dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) calificaron como “un show político”.
La titular del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias de Matagalpa, María Josefina Vásquez Carrasco, admitió lo ofrecido por la Fiscalía y remitió la causa a juicio, el cual programó para el 10 de enero próximo.
Audiencia inicial contra opositores de San Dionisio, acusados por varios delitos. @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/tDAKBK6Cu4
— LuisEduardoMartínezM (@LUISEMATAGALPA) 21 de noviembre de 2017
Además, la judicial Vásquez mantuvo la prisión preventiva que había impuesto contra los procesados durante la audiencia preliminar realizada el 7 de noviembre.
A los ocho procesados y a otras siete personas que siguen sin ser detenidas, la Fiscalía les imputa los presuntos delitos de lesiones en distintos niveles de gravedad contra varias personas, incluyendo a cinco policías; daño agravado contra el Consejo Electoral Municipal (CEM) y a la Policía en San Dionisio, además de obstrucción de funciones y portación ilegal de armas.
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Durante la audiencia, Rosa Amelia Montenegro, defensora de tres de los detenidos, opuso excepción por falta de jurisdicción y competencia de la jueza Vásquez Carrasco, considerando que la acusación debió ser por delito electoral y no por delitos comunes.
LA PRENSA/CORTESÍA
Son delitos electorales, alega defensora
A criterio de Montenegro, los delitos acusados por la Fiscalía están contenidos entre los señalados como delito electoral por el artículo 175 de la Ley Electoral y “correspondía a la fiscal electoral presentar acusación personalmente y no a un fiscal auxiliar como es el caso”.
En tanto, el abogado Abraham Martínez opuso la misma excepción, pero alegando que los delitos imputados a su representado Elmer Daniel Pérez Ocampo deben ser conocidos por el Juzgado Local Único de San Dionisio.
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Sin embargo, la jueza Vásquez Carrasco resolvió que podía continuar conociendo de la causa por delitos comunes y no electorales.
Los acusados
Además de Pérez Ocampo, también son procesados Ramón Eduardo Espinoza Castro, de 27 años; Winston Samir Rayo Méndez, de 22; Andrés Orozco Jirón, de 60; Richard Alberto Espinoza, de 25; Modesto Chavarría Sevilla, de 43; Juan Pastor Orellano Flores, de 58, y el hijo adolescente de este último, Bismark Antonio Orellano Sánchez.
Todos fueron detenidos en operativos ejecutados por la Policía el 1 y 2 de noviembre, como sospechosos de haber participado en una protesta de liberales, el 31 de octubre, frente al CEM en San Dionisio, la cual terminó en violencia.
Por excepción planteada por Montenegro, la jueza Vásquez Carrasco decidió separarse de conocer la causa particular de Orellano Sánchez, a quien remitió al Juzgado Especializado en Niñez y Adolescencia.
Ofrecimiento de pruebas
Las declaraciones de diez policías —la mitad de ellos en calidad de víctimas y los demás como investigadores—, así como las testimoniales de cinco funcionarios del Consejo Electoral Municipal (CEM) de San Dionisio, dos médicos generales y un forense que valoraron a personas lesionadas, fueron ofrecidas en la audiencia como elementos de prueba contra los ocho detenidos por el fiscal auxiliar Alfonso Pineda.
Imputaciones
A los 15 acusados, la Fiscalía les imputa, en calidad de coautores, los delitos de lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, obstrucción de funciones, daño agravado, amenazas y portación ilegal de armas en perjuicio del CEM, del Consejo Supremo Electoral, la Policía Nacional, varios policías lesionados, el primer miembro del CEM, Carlos Dormuz y la conserje de esa dependencia, Marisol Méndez Acosta.
Dormuz tuvo que ser sustituido en el cargo de primer miembro del CEM por las lesiones que sufrió en la cabeza y que, según la acusación, las habrían provocado Winston Rayo y Ramón Espinoza, al atacarlo con garrotes.
Miembros del PLC en la audiencia
Dirigentes del PLC estuvieron presentes en la audiencia inicial. Martha McCoy, diputada suplente del PLC y jefa de campaña electoral, denunció que “se trata de un juicio político”, ya que, según la legisladora, el Ministerio Público “no tiene las pruebas para sostener las acusaciones contra las ocho personas”.
“Creo que aquí lo que el Gobierno está imponiendo es la Ley del bozal, de mandar el mensaje de quien se atreva a protestar en contra de Daniel Ortega tendrá este tipo de consecuencias”, dijo McCoy.
Además de McCoy asistieron a la audiencia en Matagalpa, el jefe de la bancada del PLC, Miguel Rosales, la diputada por Chontales Adilia Salinas y María Fernanda Flores, vicepresidenta del partido y esposa del caudillo Arnoldo Alemán.