Treinta ciudadanos de San Dionisio (del departamento de Matagalpa) se declaran perseguidos políticos del régimen de Daniel Ortega por haber denunciado las irregularidades del proceso electoral antes del día de las votaciones, aseguró el presidente del PLC en ese municipio, Francisco Orozco Leiva, quien tiene una orden oficial de captura, pese a que es no vidente.
El candidato a alcalde del PLC en San Dionisio, Marcos Antonio Soza Sevilla, también tiene una orden de captura y tuvo que salir de municipio para no ser arrestado. Igualmente el presidente y la primera miembro del Consejo Electoral Municipal (CEM), Roosevelt Francisco Matamoros Rocha, y Leticia de Carmen Altamirano López, respectivamente.
Según Orozco, estos dos últimos se negaron a avalar la exclusión de los miembros del PLC en la constitución de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Orozco relató que durante el proceso electoral, Matamoros y Altamirano recibían constantemente amenazas de muerte de parte de militantes sandinistas, porque siempre ambos se oponían y denunciaban las irregularidades que cometía el primer miembro del CEM, designado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Dormus.
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Matamoros demostró además que las JRV solo iban a ser constituidas por militantes del FSLN.
Destituidos
Altamirano fue destituida del cargo de segundo miembro el 30 de octubre y Matamoros fue destituido un día antes de la votación del 5 de noviembre.
Matamoros fungía en el cargo por propuesta del PLC y Altamirano por propuesta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), pero quien tenía el control del CEM era el primer miembro del FSLN.
Los arrestos y la persecución se comenzaron a dar el pasado 31 de octubre, después de que un grupo de miembros del PLC irrumpieron con violencia en el CEM de San Dionisio, como forma de protesta porque no acreditaron a sus miembros para constituir las JRV. La trifulca ocasionó daños materiales en la sede municipal y Dormus, el primer miembro del FSLN, resultó con una lesión en la cabeza.
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Ocho personas fueron detenidas entre el 1 y 2 de noviembre y trasladados a las celdas de Auxilio Judicial, en Managua, mejor conocida como El Chipote. A otras siete se les extendió una orden de captura, pero también 15 más han sido amenazadas con ser detenidas por denunciar el fraude.
Perseguidos
Orozco expresó que los perseguidos iban a participar como fiscales del PLC, miembros de mesa o porque son simpatizantes de ese partido. Actualmente la mayoría salió del municipio para que la Policía no los arreste.
“Ellos (los presos y perseguidos) no han cometido delito, estábamos defendiendo algo que le pertenecía al partido y sabíamos que es un derecho y que está en la Ley”, dijo Orozco.
Según Orozco, la Policía anduvo de casa en casa requisando y quitando las armas de todas las personas, aunque tengan su portación.
Las votaciones municipales del pasado 5 de noviembre estuvieron marcadas por la violencia electoral, que dejó como consecuencia siete muertos en diferentes municipios.